La lección del Estatut

Si la reforma que ahora quieren llevar a cabo el PP y el PSOE hubiera estado en vigor en el 2006, los catalanes no habrían votado sobre una norma que después el Tribunal Constitucional dejó sin efecto en aspectos fundamentales. Suele decirse que parte de la tensión territorial que se vive en estos momentos tiene mucho que ver con la gestión del Estatut, así que quizá la deriva independentista de Catalunya tendría mucha menos entidad. O no. Resulta imposible saberlo. La cuestión es que socialistas y conservadores dicen haber aprendido de sus errores en este asunto. El próximo martes, en el Congreso, presentarán sendas proposiciones de ley para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad. Es decir, que cuando el Congreso apruebe una modificación estatutaria que deba someterse al referendo de una comunidad y algún grupo parlamentario recurra la norma ante el Tribunal Constitucional (TC), como hizo el PP con el Estatut, la cita con las urnas deberá quedar en suspenso hasta que los magistrados emitan su fallo. Mientras tanto, la ley recurrida no se aplicaría.

Las propuestas del PP y el PSOE tienen similitudes, como el hecho de que la impugnación deba hacerse en un plazo máximo de tres días desde la aprobación final de un estatuto por parte del Parlamento, pero también diferencias. La principal es que los socialistas, que lanzaron su propuesta durante le reunión de las cúpulas del PSOE y el PSC en Barcelona a principios de enero, abogan porque el Constitucional resuelva el recurso en seis meses, a diferencia de lo que hizo con la norma catalana, cuya sentencia se demoró hasta el 2010. Los conservadores no dicen nada sobre este aspecto, pero fuentes del Gobierno ven la iniciativa con buenos ojos. «Tiene sentido que se establezca un límite temporal. Habrá acuerdo», dice un alto cargo del Ejecutivo central.

Así que lo más probable es que, en el futuro próximo, no solo se dicte sentencia primero y se vote después, sino que también ese fallo tenga que emitirse con celeridad.

Escaso entusiasmo

Tratándose de una reforma tan enfocada a no repetir lo ocurrido con el Estatut, la posición de los partidos catalanes resulta muy importante. Tal y como están las cosas, la propuesta de resucitar el recurso previo de inconstitucionalidad, que existió hasta 1985, no ha suscitado un gran entusiasmo. CiU señala que aún no sabe qué votará el martes que viene, pero su diputado Jordi Jané aplaudió la iniciativa hace un par de semanas. El «choque de legitimidades» (popular contra jurisdiccional) que se produjo en la norma catalana, dijo, es el «origen de la insatisfacción creciente» que se vive en Catalunya.

En ERC se inclinan por la abstención, ya que creen que se trata de un «marco ya superado», según explica Joan Tardà. IU-ICV, por último, se mueve entre abstenerse y votar en contra, estando más cerca de esta última opción. El parlamentario Joan Josep Nuet, que será quien participe en el debate de la próxima semana, sostiene que la iniciativa se queda muy corta porque la reforma del TC debe ir «más a fondo». Su grupo presentará otra proposición que reclamará, entre otras cosas, cambiar el sistema de elección de los magistrados.