151 alumnos reclaman ahora ser escolarizados en castellano

Una semana después del auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que reclama  a cinco escuelas catalanas que den más presencia a la lengua castellana en las aulas, las familias de 151 estudiantes (alumnos de 60 centros educativos distintos) presentaron ayer otras tantas solicitudes a la Conselleria de Ensenyament de la Generalitat para pedir «una educación bilingüe» para sus hijos, según confirmó la consellera Irene Rigau, que constató que la gran mayoría de las solicitudes habían sido entregadas con un opúsculo adjunto de Convivencia Cívica Catalana (CCC).

Aunque el secretario de CCC, José Antonio Martínez, vinculó las peticiones a la reciente resolución judicial, que fija una cuota del 25% para el castellano, Rigau reveló que prácticamente todas las solicitudes habían sido firmadas por las familias «entre septiembre y octubre pasados», con lo que, en su opinión, «los alumnos para los que se pide la escolarización en castellano llevan ya más de tres meses recibiendo clases normalmente, sin que eso haya generado ninguna queja».

Además, dijo la consellera, «hay peticiones en las que no figura siquiera el nombre del alumno y otras que no se refieren a estudios obligatorios, como el preescolar de 0 a 3 años o la universidad, donde Ensenyament no puede intervenir». Con todo, «las solicitudes se estudiarán una a una y se dará cumplida respuesta a aquellas que puedan ser respondidas», garantizó Rigau.

Convivencia Cívica cree, por su parte, que a partir de ahora se va a producir un «goteo permanente» de solicitudes de padres interesados en que sus hijos «puedan aprender en las dos lenguas y no únicamente en catalán», indicó Martínez en un comunicado. Las solicitudes formalizadas ayer corresponden a alumnos que cursan sus estudios en centros de 16 localidades de Barcelona, Girona y Tarragona, tanto públicos como privados.

RECURSO AL TSJC / Tras una tensa comparecencia en la Comisión de Enseñanza del Parlament -donde el PP arremetió contra la, a su entender, obligatoria inmersión lingüística en Catalunya-, Rigau adelantó que el recurso que hoy presentarán contra el auto del TSJC se basará en que «es una evidencia que el castellano no es residual en Catalunya, y mucho menos en el sistema educativo». «Todos aquellos que han estudiado en la escuela catalana en los últimos 30 años son bilingües», sentenció.

«Lo que vamos a defender es la legalidad de la ley de educación de Catalunya, cuyo régimen lingüístico no ha sido recurrido ni tan solo por el PP», señaló Rigau, que lamentó que «algunas fuerzas políticas» [en alusión al PP y Ciutadans] estén «inventando un modelo que no existe y creando imaginarios para que cuajen en la población». El respeto que estas fuerzas piden para el castellano no se ha aplicado, en cambio, al catalán en la Comunidad Valenciana, las Baleares o en Aragón, con el lapao, denunció la consellera.