EL 'CASO NARANJAX'
Carlos Fabra, condenado a 4 años por delitos fiscales y absuelto de cohecho y tráfico de influencias
El expresidente de la Diputación de Castellón tendrá que pagar una multa de unos 700.000 euros e indemnizar a Hacienda con la misma cantidad
Por qué confiar en El Periódico La sección primera de la Audiencia de Castellón ha condenado a cuatro años de cárcel al expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, La sala, sin embargo, le ha absuelto de los delitos de cohecho y tráfico de influencias que también se le imputaban en el conocido como 'caso Naranjax', destapado a raíz de la querella interpuesta contra Fabra por el empresario Vicente Vilar.
El caso investigaba la presunta actuación del barón del PP como intermediario para la obtención de licencias de pesticidas en diferentes ministerios del Gobierno de José María Aznar en favor de Vilar, entonces amigo de Fabra y dueño de la empresa Naranjax. Según ha avanzado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Fabra deberá pagar además una multa de 693.00 euros e indemnizar a Hacienda con la misma cantidad.
Condena para la exmujer
Junto a Fabra, la Audiencia de Castellón condena también a la exmujer del político, María Amparo Fernández, a dos años de cárcel por dos delitos contra Hacienda Pública, con la obligatoriedad de pagar una multa de 274.000 euros e indemnizar a Hacienda con la misma cantidad. La sala ha apreciado, tanto en el caso de Fabra como en el de su exmujer, la atenuante de dilaciones indebidas para los delitos fiscales solicitada por las defensas.
El resto de acusados --Vilar; Monserrat Vives, exmujer de este, y el exsenador del PP por Castellón Miguel Prim-- han sido absueltos de todos los delitos que se les imputaban: cohecho y tráfico de influencias, en el caso de Vilar y su exmujer, y tráfico de influencias en lo que respecta al político.
La Fiscalía Anticorrupción pedía para Fabra 13 años de cárcel y una multa de 1,9 millones de euros, además del pago de una indemnización de 692.000 euros, cifra que coincide con la que defraudó a Hacienda entre 1999 y 2003 por unos ingresos injustificados de alrededor de dos millones de euros.
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