EL 'CASO PALAU'
La Diputación de Barcelona pide 67 años para Millet y Montull
Les acusa de desviar dinero del Consorci del Palau de la Música para pagar obras en sus viviendas y para costearse viajes privados
La Diputación de Barcelona, que ejerce la acusación popular en la causa por el saqueo del Palau de la Música, pide 67 años de prisión para los exresponsables de la entidad Fèlix Millet y Jordi Montull por el desvío de fondos en beneficio particular. En concreto, le atribuye la comisión de delitos continuados de apropiación indebida, malversación de fondos públicos y falsedad documental.
En su escrito de acusación, la corporación provincial, que formó parte del Consorci del Palau de la Música hasta el 2001, acusa del expolio a Millet, su mano derecha y a la hija de éste último, Gemma Montull, para quien pide 17 años y medio de cárcel, mientras que a las esposas de los saqueadores confesos del Palau de la Música las sitúa como partícipes a título lucrativo del expolio. Asimismo, la Diputación solicita una pena de 25 años de inhabilitación absoluta para los tres primeros.
Además, reclama a los saqueadores confesos que indemnicen con cerca de 13 millones de euros a la Fundación del Palau de la Música y al Orfeó Català y con otros 3 al Consorci del Palau de la Música, entidad a través de la cual aportó 1,5 millones de euros en subvenciones.
En beneficio particular
Contrariamente a la acusación ejercida por la Fundación del Palau de la Música, la Diputación de Barcelona no acusa del desfalco a otros de los imputados en la causa, como el abogado y exsecretario del Palau Raimon Bergós, la secretaria de Millet Elisabet Barberà, la exdirectora general de la entidad Rosa Garicano o los responsables de las empresas que supuestamente colaboraron en el expolio emitiendo facturas mendaces. Tampoco acusa a Convergència, ya que el dinero que supuestamente llegó a las arcas del partido nacionalista no provenía del Consorcio, sino de la Fundación.
Esta acusación popular considera que Millet y Montull desviaron fondos en beneficio particular, como el pago de obras en sus viviendas, o vuelos en avión y estancias en hoteles, y también mediante servicios inexistentes con facturas emitidas por sociedades instrumentales controladas por ellos mismos.
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