CERCO JUDICIAL A LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR EL 'CASO ERE'
El fiscal pide a Alaya que motive el auto contra Griñán y Chaves
La Fiscalía Anticorrupción ha zanjado de raíz los debates sobre la relevancia jurídica del último auto de la jueza instructora del caso ERE, que apunta a la futura imputación de dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y de cinco exconsejeros, y ha pedido a la magistrada que fundamente mejor su resolución para no crear indefensión a los aludidos.
Mientras la Junta sigue sin valorar el auto y no aclara si lo recurrirá, Anticorrupción planteó ayer su recurso directamente ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Fuentes judiciales explicaron que no le pide a la jueza, Mercedes Alaya, que eleve el caso al Tribunal Supremo, sino que simplemente lo «motive mejor» para no vulnerar derechos de los afectados, todos ellos aforados ante el Supremo o el Tribunal Superior de Justicia andaluz, ya que entienden que no está «suficientemente fundamentado y puede generar indefensión».
En ese sentido, las fuentes señalan que para que los afectados se puedan personar en el proceso deben conocer su implicación concreta y la carga incriminatoria contra cada uno de ellos, para no vulnerar su derecho de defensa. Un punto que la jueza ya señaló en la resolución que aún no tocaba, y que llegaría cuando al finalizar la causa individualizase la situación de cada aforado para remitirla a instancias judiciales superiores.
Lo que sí ha hecho Alaya, siguiendo la petición de la Audiencia, es agilizar «de forma razonable» la toma de declaraciones de 72 de los 123 imputados que no han comparecido ante ella. Así, ha reorganizado el calendario y ha aumentado las comparecencias previstas para este otoño.
DELITOS PRESCRITOS / Entre los citados para el mes de octubre se encuentra la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, que a principios de semana recurrió su imputación. Al igual que ocurre con Chaves y Griñán, la jueza apunta a que la exconsejera andaluza de Hacienda pudo haber cometido presuntamente delitos de malversación y prevaricación. Sin embargo, su abogado plantea que del relato de hechos que se recoge en el auto contra la exministra «no puede deducirse ningún indicio de delito» y que, en cualquier caso, estos habrían prescrito porque la malagueña abandonó la Junta en el 2004, hace casi una década.
Asimismo, el recurso sigue las tesis socialistas y ciñe cualquier responsabilidad del fraude solo al área de Empleo. Álvarez señala que era responsable de Hacienda y se limitaba a elaborar los presupuestos y fijar el límite de gasto de otras consejerías, no a controlar a qué destinaban estas el dinero asignado.
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