Hacienda amaga con auditar la prestación de servicios en las comunidades
Los alcaldes rechazan que se examinen con lupa los gastos de los ayuntamientos con cuentas equilibradas
Primero serán los ayuntamientos los que pasen el trance de ser auditados para conocer si la prestaciones de servicios son "eficientes", pero después serán las comunidades autónomas las que tengan que rendir cuentas, atendiendo a la amenaza que ha lanzado este martes el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. El número dos del Ministerio de Hacienda ha manifestado que gracias al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y al plan de pago a proveedores el Estado conoce "las tripas del gasto" autonómico.
El pago de "millones de facturas" permite al Ejecutivo conocer, ha argumentado, si el coste de un determinado servicio está inflado porque ha habido una decisión política de ofrecer una calidad extraordinaria o porque viene motivado por una gestión ineficaz. "Lo primero se permitirá si hay superávit, lo segundo tendrá que ser corregido", ha manifestado.
Beteta se ha reunido este martes con la Comisión Nacional de la Administración Local para discutir con los alcaldes los últimos retoques de la reforma de la administración local que mañana mismo será enviada al Consejo de Estado, con la vista puesta en que sea aprobada por el Consejo de Ministro el mes que viente.
Diputaciones
Los alcaldes se han mostrado reiticentes a que se evalue con lupa el coste de prestar los servicios públicos en todos los ayuntamientos, incluidos aquellos con equilibrio presupuestario. Sin embargo, tal como ha advertido Beteta en rueda de prensa, "no hay que confundir" el equilibrio en las cuentas, con una gestión "eficaz", de ahí que el Ejecutivo vaya a evaluar los más de 8.000 ayuntamientos sin ninguna excepción. Para llevar a cabo esta tarea, se determinará la media de gasto de un determinado servicio, y los consistorios que superen este umbral, en el caso de que no recorten su gasto, perderán la facultad de gestionar esa prestación, que será trasladada a las diputaciones o entes análogos.
Y, a la petición de los alcaldes de que si ellos hacen un ejercicio de transparencia tan intenso, el Estado y las Administraciones Autonómicas también deberían aplicarse la misma receta, la respuesta por parte del ministro Cristóbal Montoro ha sido afirmativa, en el sentido de que ambas tendrán que someterse a los mismos procesos de eficiencia y control al que se someterá a los ayuntamientos.
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