El progreso adecuado de los grandes ayuntamientos

En el año 2008, la oenegé Transparencia Internacional elaboró el primer índice de transparencia de los ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes mediante la evaluación de un conjunto de 80 indicadores sobre la acción municipal y la información que los propios ayuntamientos ofrecían a la ciudadanía a través de la página web. Dicho índice, que se ha venido repitiendo periódicamente, se basa en la teoría de que la transparencia o asensu contrario, la falta de opacidad de cualquier organización, no inmuniza contra las malas prácticas o la corrupción, pero supone un obstáculo considerable a las actividades ilícitas.

El primer informe de Transparencia Internacional no pasó de-sapercibido entre los grandes municipios, los más bien posicionados esgrimieron con orgullo el resultado y los que salían peor parados tuvieron que soportar la crítica de oposiciones y medios de comunicación. A partir del primer informe, los que sacamos buena nota nos esforzamos para, como mínimo, mantenerla, y los peor evaluados pusieron manos a la obra para mejorar su posición. Con los años ya disponemos de una serie de informes que nos permiten sacar conclusiones.

Yo me quedo con la constatación de que, año tras año y salvo excepciones, los grandes ayuntamientos han progresado adecuadamente y los antiguos e imaginarios muros de hormigón van convirtiéndose en paredes de cristal.

Lamentablemente, la opaca y vieja política aún tiene defensores en la persona de gobernantes incapaces de entender el signo de los tiempos o quizá demasiado atados a redes de intereses que impiden una práctica gubernamental en la que la defensa del interés general sea siempre la única guía en la toma de decisiones.

El segundo informe del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB debería provocar también el efecto de competición saludable entre nuestros ayuntamientos. Quizá ya lo esté provocando, pues si bien se constata que la inmensa mayoría de las webs municipales de nuestro país ofrecen una información insuficiente, la comparación con el informe del 2012 indica que mejora la cantidad y calidad de la información. Los ayuntamientos más pequeños son los peor puntuados y está claro que sin el apoyo económico y técnico de consejos comarcales y diputaciones o consejos de veguería en el futuro, poco podrán avanzar.

La crisis de confianza en las instituciones debería convertirse en oportunidad para reformarlas en la línea de la transparencia que exige la ciudadanía y que corresponde a un país moderno, con gobiernos siempre orientados a la consecución del bien común, y la seguridad jurídica como base de la igualdad de oportunidades y de la generación de bienestar compartido.

Las múltiples iniciativas legislativas que se están desarrollando para mejorar la transparencia institucional no pueden ignorar el camino que señalan estos informes y el fácil acceso a una información amplia a través de las páginas web municipales debería quedar legalmente garantizado.

ABOGADO Y EXALCALDE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS