COMPARECENCIA EN BRUSELAS

Rajoy asegura que "no" se siente chantajeado por Bárcenas

El presidente, tras un mes sin dar rueda de prensa, se niega a contestar más preguntas sobre el extesorero del PP

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EL PERIÓDICO / Bruselas

Mariano Rajoy ha señalado este jueves en Bruselas, donde ha participado en el Consejo Europeo, que "no" se sentía chantajeado por Luis Bárcenas. Y de ahí no se ha salido. El presidente del Gobierno llevaba un mes sin dar una rueda de prensa (la última fue también en la capital belga), pero no ha querido decir ni una sola palabra más sobre el extesorero del PP que llegó a tener 22 millones en Suiza, intentó acogerse a la amnistía fiscal y pagó presuntamente sobres en dinero negro a dirigentes del partido. 

"¿Cree usted que le está chantajeando?", le han preguntado. "Con absoluta franqueza, no", ha contestado. Y a partir de ahí, el silencio. Al jefe del Ejecutivo le han pedido que concretara la frase que pronunció hace un mes y medio en Berlín, cuando dijo que los papeles de Bárcenas, que supuestamente atestiguan los pagos de comisiones ilegales, eran "todos falsos, salvo alguna cosa". "¿Qué cosa?", le han dicho. Su respuesta: "Mire, este tema no se ha discutido en el Consejo Europeo". Y por último, ante la cuestión de si consideraba que el PP estaba gestionando bien el escándalo, el presidente se ha limitado a señalar: "Sobre este tema ya he dicho todo lo que tenía que decir".

La mayor parte de su comparecencia se ha centrado en asuntos europeos. Rajoy ha vuelto a insistir en la necesidad de aprobar medidas de estímulo, para que "Europa vuelva a ser un espacio de prosperidad".

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Demanda admitida

Mientras tanto, en Madrid, ha habido novedades en la vertiente judicial del 'caso Bárcenas'. El juzgado de primera instancia número 83 de Madrid ha admitido a trámite la demanda por vulneración del derecho al honor interpuesta por el PP contra 'El País', diario que publicó los papeles, y el autor de esos documentos. Supuestamente se trata de Bárcenas, pero los conservadores no lo citan en su demanda, en la que piden una indemnización de medio millón de euros que, de ser cobrados, destinarían a organizaciones sociales.