La corrupción y los espías enturbian el primer debate general de Rajoy

Cuando a principios de enero convocó su primer debate del estado de la nación, Mariano Rajoy no podía imaginarse cuánto se le iba a complicar el panorama en unas semanas. El jefe del Ejecutivo tenía previsto celebrar que ha sorteado el rescate total de España, justificar las duras medidas aprobadas en su primer año y señalar la luz que, según los datos económicos del Gobierno, se empezará a ver a finales de este curso. Pero aunque los destacará hoy en su discurso, durante el primer día de la cita parlamentaria por excelencia, estos argumentos se verán eclipsados por elcaso Bárcenasy la trama espionaje en Catalunya.

Las escasas explicaciones de los dirigentes del PP desde que se publicaron los supuestos documentos de Luis Bárcenas y la información contradictoria sobre el estatus que el extesorero ha tenido o sigue teniendo en el partido empujarán a la oposición a pedir cuentas a un presidente que, pese a haber prometido transparencia, se ha limitado a reclamar un auto de fe al asegurar que él no cobró sobresueldos en negro.

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Por otra parte, la oposición también aprovechará para que Rajoy se manifieste sobre la extensión de las escuchas ilegales que se han descubierto a raíz de la grabación de una cita entre Alicia Sánchez-Camacho y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola. En riesgo está incluso la seguridad del Estado. El titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, sospecha que Método 3 espió un almuerzo que mantuvo con la cúpula del ministerio el pasado 30 de abril en el restaurante La Camarga. Interior considera este asunto de prioridad absoluta.

Rajoy aprovechará su intervención para exponer las líneas maestras de su plan contra la corrupción. Pese a ser una idea prevista desde hace meses para frenar la desconfianza hacia la clase política, el Ejecutivo la ha acelerado y endurecido. El presidente explicará algunas de las propuestas planteadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, anunciará una reforma del Código Penal para elevar el castigo a los corruptos y propondrá que la ley de transparencia se aplique también a los partidos y a las organizaciones empresariales y sindicales. Rajoy aspira a que estas propuestas sirvan de base para un pacto global con el resto de partidos por la transparencia.

LA IMPUGNACIÓN / El órdago soberanista planteado por la Generalitat también encontrará su espacio en el debate, pese a que CiU no centrará su mensaje en este asunto. El Gobierno está pendiente de que el Consejo de Estado emita un dictamen sobre la posibilidad de impugnar la declaración de soberanía aprobada por el Parlament. Este informe servirá de base al Ejecutivo para decidir finalmente qué hace, toda vez que la Abogacía del Estado ha apreciado argumentos favorables para interponer el recurso de inconstitucionalidad.

Rajoy volverá a blandir la Carta Magna, abundará en la idea de que el mundo fluye por caminos de integración y se mostrará tajante con los argumentos nacionalistas, aunque conciliador con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida. El jefe del Ejecutivo, que ya ha pedido que se empiece a revisar el modelo de financiación autonómica, sigue pendiente de reunirse con Artur Mas.

ECONOMÍA Y TERRORISMO / Y por supuesto, la economía y ETA aparecerán en el debate. Sobre todo la primera, ya que el presidente ofrecerá medidas para atajar el paro. Entre estas, nuevas ayudas a pymes y autónomos. En cuanto a la banda, el Gobierno espera un gesto que podría concretarse en un desarme parcial.

Este, probablemente, será el único tema en el que el PSOE se muestre de acuerdo con Rajoy. Alfredo Pérez Rubalcaba insistirá en que Rajoy debe dimitir porque elcaso Bárcenas le ha desprovisto de «legitimidad», pero no quiere centrarse en elváyase, señor Rajoy. El líder socialista busca trasladar la idea de dirigente responsable, y basará su mensaje en las decisiones del Ejecutivo y en sus medidas alternativas. Rubalcaba, que también pedirá la marcha de Cristóbal Montoro y Ana Mato, ofrecerá propuestas sobre empleo y corrupción, como aumentar las penas y que el Tribunal de Cuentas sea más ágil en su auditoría de los partidos. Entre otras cosas, porque no descarta llegar a acuerdos con el Gobierno. «Una cosa es pedir la dimisión y otra cerrar todas las puertas con el Ejecutivo», señalan en el PSOE.