22 oct 2020

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Operación Mercuri

Una trama de corrupción en Sabadell salpica al PSC

Investigado el número tres del partido por tráfico de influencias

El alcalde Manuel Bustos, imputado por presunto cobro de comisiones

MAYKA NAVARRO / MADRID
J. G. ALBALAT / BARCELONA

Después de dos años de meticulosa investigación, seguimientos y decenas de teléfonos intervenidos, los Mossos d'Esquadra desmantelaron ayer una presunta trama de corrupción asentada en el Ayuntamiento de Sabadell y que, supuestamente encabezada por el alcalde socialista, Manuel Bustos, se embolsaba importantes cantidades de dinero de todos aquellos empresarios que aspiraban a hacer negocios con el municipio. Además de Bustos, otras 26 personas han sido imputadas o van camino de serlo, entre ellas el secretario de organización del PSC, número tres del partido y responsable de la última campaña electoral, Daniel Fernández. Otras 12 personas, la mayoría constructores, han sido detenidas por formar parte de la trama que en los últimos años, y según la Fiscalía Anticorrupción, se dedicó de manera sistemática a cobrar hasta 120.000 euros a cada uno de los empresarios que optaban a trabajar en el término de Sabadell.

Al terminar el trabajo, el empresario se comprometía, presuntamente, a pagar el 4% del dinero cobrado en negro. Todo ese dinero, según los investigadores, iba a parar a una caja común que después se repartía entre la cúpula del ayuntamiento y un buen número de funcionarios, principalmente del área de urbanismo. El análisis de la abundante documentación incautada no ha hecho más que empezar, y falta por tomar declaración a detenidos e imputados, pero algunas fuentes ya apuntan a la posibilidad de que parte de ese dinero fuera desviado a la financiación irregular de partidos políticos: PSC y PP, principalmente.

EXTRAÑO ROBO / La investigación se inició hace dos años, cuando una persona, cuyo identidad se protege, entregó a la vicepresidenta de Iniciativa per Catalunya en Sabadell, Carmen García, documentación que detallaba la existencia en el Ayuntamiento de Sabadell de una trama de corrupción urbanística y de cobro de comisiones a empresarios a los que se les adjudicaban proyectos municipales. Pocos días después, la sede de ICV sufrió un extraño robo y desapareció la documentación. Carmen García, previsora, había hecho una copia de la documentación que acreditaba la corrupción en Sabadell y la aportó a los Mossos cuando fue a denunciar el robo. Los policías le recomendaron que acudiera a la Fiscalía Anticorrupción.

Y así fue como el fiscal Fernando Bermejo dio el pistoletazo de salida a una investigación tutelada por el titular del Juzgado número uno de Sabadell, y que ha llevado el equipo del subinspector Antoni Salleras, al frente de la unidad anticorrupción de la Divisió d'Investigació Criminal de los Mossos d'Esquadra.

Con la discrecionalidad que exigen estas complejas investigaciones, los Mossos motivaron ante el juez la intervención de decenas de teléfonos de sospechosos, incluidos muchos números de las dependencias municipales de Sabadell. En los últimos meses, el juez autorizó incluso la intervención del móvil personal del alcalde, Manel Bustos.

Poco antes de las diez de la mañana, con el Ayuntamiento de Sabadell

a pleno rendimiento, un grupo de mossos de paisano, encabezados por una comisión judicial y el fiscal Bermejo entraron en las dependencias. Bustos estaba en su despacho, que fue uno de los registrados junto con el de la concejala de Economía y diputada electa del Parlament Montserrat Capdevila. El alcalde no se movió de su despacho, y aunque su teléfono móvil permaneció apagado, atendió a los medios de comunicación a través del teléfono de la alcaldía para defender su inocencia.

También el constructor Melquíades Garrido, tío de Bustos; la pareja del alcalde, Montserrat Costa, y uno de sus hermanos, y el exconcejal del PP en Sabadell Jordi Soriano se hallan entre los imputados.

En los atestados policiales figuran varios proyectos urbanísticos en Sabadell de los que los sospechosos cobraron; destacan el nuevo parque empresarial, en el sur del municipio, junto al aeropuerto, y la inauguración, en ese mismo espacio, de la tienda Ikea más grande de Europa.

A primera hora de la tarde, cuando todas las miradas estaban puestas en Sabadell, dos mossos acudieron a la sede del PSC en Barcelona para comunicar a Daniel Fernández que aparecía en una investigación como sospechoso de tráfico de influencias. Fernández se desplazó a una comisaría, donde le notificaron que, al ser diputado en el Congreso, y por tanto, aforado, será el Tribunal Supremo quien lo impute, si lo cree conveniente, después de que en el día de hoy reciba un acta con las acusaciones del Juzgado de Sabadell.

A la espera de esa posible imputación, quedó apartado de sus cargos en el PSC, igual que Bustos. Según fuentes de la investigación, a Fernández se le acusa de haber presionado a la alcaldesa socialista de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, también imputada, para que colocara a trabajar en su ayuntamiento a una exalto cargo de la Generalitat y del Ministerio de Fomento con el anterior Gobierno. Las intervenciones telefónicas revelan que la alcaldesa se negó en un primer momento alegando que la mujer no había superado las pruebas para acceder al cargo y fue conminada por Fernández a cambiar el «no apto» por un «apto».

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