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La acusación particular contra Garzón pide ahora cárcel por un delito de extorsión
Los abogados consideran que el juez se valió del cargo para obtener fondos de empresas que podían ser objetivo de investigación penal
Los abogadosAntonio Panea y José Luis Mazón, que ejercen laacusación particular en la causa abierta a Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por su gestión presuntamente irregular de unoscursos que dirigió en laUniversidad de Nueva York, han anunciado este lunes que piensan recurrir el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional ha sidoimputado de un delito decohecho impropio para solicitar que también sea encausado por prevaricación y un delito continuado de extorsión, que conllevaría pena de cárcel.
En un comunicado, los abogados explican que las conductas que el magistrado del SupremoManuel Marchena describe en el auto de imputación de Garzón --esto es, que este se habría valido de su cargo como togado para obtener fondos de grandes empresas que podrían ser posteriormente objetivo de investigación penal a su vuelta a la Audiencia Nacional-- podrían encajar en el tipo penal de extorsión de carácter continuado (artículo 243 del Código Penal), que conlleva prisión de uno a cinco años de cárcel.
Ocultación de ingresos
Panea y Mazón responden así a la nota que hizo pública el sábado Garzón, reiterando su inocencia. La acusación particular ha señalado que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se coloca en "una postura insostenible al negar la evidencia de sus solicitudes de patricinios" a empresas comoTelefónica, Cepsa, Santander, Endesa y BBVA. E insiste en que las conclusiones adoptadas por Marchena, como que de los fondos aportados por las empresas se pagó el salario delasistente personal de Garzón durante su estancia en Nueva York en el 2005 y 2006.
Según los cálculos de la acusación, Garzón pidió valiéndose de su cargo 2.595.375 de dólares de empresas españolas y obtuvo gracias a sus gestiones1.237.000, lo que "no hubiera tenido lugar de no ser el juez Garzón quien lo solicitaba"."Garzón tuvo una conducta incompatible con la deontología y obligaciones de un juez y hasta de un ciudadano, porpicaresca ocultación de su segundo sueldo", recuerdan los abogados, ya que según el instructor no informó al CGPJ de lo que obtuvo de la Universidad mientras, en excedencia, seguía cobrando su salario íntegro como juez.
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