Presunta malversación de fondos públicos

El juez investiga un convenio entre la Generalitat y Urdangarín

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, tras los registros en Barcelona.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, tras los registros en Barcelona.

MARISA GOÑI / PALMA
J. G. ALBALAT / BARCELONA

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La lista de las administraciones públicas que contrataron los servicios del entramado empresarial creado en torno al Instituto Nóos -entidad que estuvo presidida por Iñaki Urdangarín hasta el año 2006- y que están siendo investigadas por ello incluye a la Generalitat de Catalunya. En su caso, las pesquisas se centran en un convenio de 30.000 euros para la organización de una actividad vinculada a la salud y el deporte que la Conselleria de Salut habría suscrito entre los años 2004 y 2005 (en la primera etapa del tripartito) con la fundación del yerno del Rey.

El juez de Palma José Castro Aragón pretende con este rastreo averiguar si efectivamente se cubrieron las prestaciones ofertadas o si se simularon e hincharon partidas, como ocurrió con los actos contratados en las mismas fechas por cuantías millonarias por los gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares, presididos por Francisco Camps y Jaume Matas, respectivamente. En los autos de entrada y registro de la sede del Instituto Nóos en Barcelona y de una serie de empresas relacionadas con la trama, el magistrado ordenó a los agentes que requisaran documentos sobre servicios suscritos con la Generalitat catalana.

En total, el montante público captado por el entramado societario supera ampliamente los cinco millones de euros. Además de los foros deportivo-turísticos y el extinto equipo ciclista Illes Balears, ahora se rastrea lo ocurrido con las aportaciones de empresas privadas. Los investigadores sospechan que la mayor parte de los caudales captados por el Instituo Nóos como entidad sin ánimo de lucro quedaron en manos de Urdangarín y de su socio, el consultor Diego Torres, con un sistema de autofacturación a través de otras sociedades mercantiles controladas por ellos mismos, consiguiendo además una notable reducción de la carga fiscal.

DINERO EN EL EXTRANJERO / Los gastos en realidad eran mínimos, ya que muchos eran simulados y el escaso personal trabajaba para todo el conglomerado. Además del presunto desvío de fondos públicos, se ha detectado que la cantidad evadida a paraísos fiscales podría ser mayor de la prevista inicialmente y alcanzar el medio millón de euros. Ese dinero se trasladó a Londres en una operación para la que se utilizó la empresa De Goes Center for Stakeholder Management, con sede en Belice.

Los tentáculos del entramado societario también alcanzaron a equipos de fútbol de Primera División como el Villarreal y el Valencia. Las direcciones de ambos clubes han sido requeridas para que aporten documentación relativa a acuerdos suscritos para el estudio del impacto de marca en sus soportes publicitarios con el propósito de captar patrocinadores. Además de los 690.000 euros aportados por el Villarreal al Instituto Nóos por un estudio de 11 páginas presuntamente plagiado en parte de internet, se han localizado otros 58.000 euros procedentes del Valencia, algo que ha sorprendido a los investigadores a causa del difícil momento económico por el que ha pasado el club levantino. Su presidente no ocultó en su declaración ante los investigadores el peso que tuvo en su decisión el interés demostrado por Francisco Camps.

AEROPUERTO DE CASTELLÓN / Entre los patrocinadores captados para el Villarreal Club de Fútbol destaca Aeropuertos de Castellón, que reemplazó a Terra Mítica. El aeródromo no operativo aportaba tres millones por temporada al club, más incentivos en función de resultados, de acuerdo con los términos de la renovación pactados en el 2008. Según recoge su web, en diciembre del año pasado el Aeropuerto de Castellón y el Patronato Provincial de Turismo acompañaron al equipo a Brujas (Bélgica) para un encuentro de la Europa League e hicieron actos promocionales del destino turístico.

Fuentes judiciales confirmaron a este diario que la policía interrogó al socio de Urdangarín, Diego Torres, sobre el contrato firmado por el Villarreal, al extrañarse de que por un estudio de solo 11 folios se pagasen 690.000 euros. El imputado, defendido por el abogado barcelonés Manuel González Peeters, explicó a los agentes que el dinero que percibió del club no solo era por ese estudio, sino también por el seguimiento del convenio que se había firmado.