El juez dice que Urdangarín y un socio «se apoderaron» de fondos

El juez José Castro Aragón, que instruye elcaso Palma Arena,sostiene en cinco autos de entrada y registro a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres presuntamente utilizaron empresas para «apoderarse de fondos» que recibía el Instituto Nóos, del cual los dos han sido presidentes. Las sospechas del magistrado y la Fiscalía Anticorrupción son que se creó «un entramado societario» a través del cual se «desviaban los fondos públicos y privados» que recibía este instituto, «apoderándose» de los mismos. El presunto desvío puede proceder de los 2,3 millones de euros que en el 2005 y el 2006 entregó el Ejecutivo del expresidente balear Jaume Matas a la fundación, aunque la investigación se ha extendido a Valencia.

El Instituto Nóos permaneció inactivo desde el punto de vista económico desde 1999 hasta el 2003, cuando, «precisamente», dice el auto, aparece la vinculación de Urdangarín, primero como «administrador» y después, en el 2004, como presidente. En este cargo estuvo hasta junio

del 2006, en el que le sustituyó Diego Torres, hasta entonces «gerente».

El juez, que resume un escrito del fiscal, sostiene que la «única finalidad perseguida con la asunción o toma de control» de la entidad era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no tenía ánimo de lucro para aparentar que no había negocio, rodearse de prestigio social derivado de actuaciones altruistas y evitar «suspicacias» por parte de terceros al financiarse de fondos públicos. Simultáneamente, se creó un entramado societario para presuntamente desviar el dinero que en-

traba a la entidad de Urdangarín.

CONTRATOS FICTICIOS / La operativa, escribe el juez, consistía en que en el Instituto Nóos se fijaban unos precios «desproporcionados» por los servicios que prestaba a la Administración, y, tras recibir los fondos, simulaba la contratación ficticia a las empresas del entramado. El juez añade que los fondos públicos acababan «en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarín». Y cita seis firmas.

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Entre finales del 2004 y principios del 2005, según el relato del juez y el fiscal, Urdangarín y Torres entraron en contacto con José Luis Ballester, en aquel momento director general de deportes del Gobierno balear, proponiéndole que el Ejecutivo realizara, a través del Instituto Nóos, un congreso internacional dedicado al turismo y deporte. Se trataba de una réplica casi exacta de un congreso organizado en Valencia. En alguna reunión participó el que era presidente balear, Jaume Matas.

Sin haberse iniciado expediente administrativo alguno, se decidió que el Gobierno balear dotara económicamente al instituto presidido por Urdangarín. Se firmaron dos convenios y se fijó, según la investigación, un precio «desproporcionado» en base a un «presupuesto ficticio». La finalidad, según el juez, es «dar la apariencia de legalidad a la forma elegida para trasvasar fondos públicos al Instituto Nóos».