La oposición carga contra las «formas antidemocráticas»

En la mayoría de los plenos del Congreso, mientras los portavoces de los grupos minoritarios intervienen, especialmente los del Grupo Mixto, el resto de diputados hablan por el móvil, con los compañeros o aprovechan para tomar un café. Sin embargo el matrimonio temporal entre PP y PSOE hizo que ayer los nacionalistas y los partidos de la izquierda minoritaria cobrasen un inusual protagonismo. Fueron, de hecho, las únicas voces en contra de la reforma constitucional. Un rechazo que, además, ejercieron de forma ruidosa y ostentosa.

Desde CiU hasta el PNV, pasando por ERC o UPyD (formación liderada por Rosa Díez) arremetieron duramente contra una modificación que, según dijeron, se ha cocinado con «formas antidemocráticas», es «antisocial», desprecia la opinión de los ciudadanos y está hilvanada al dictado de los mercados.

Pese a ello, unos y otros no coincidieron a la hora de mostrar su repulsa en el momento de la votación. Mientras ERC, IU-ICV (salvo Gaspar Llamazares), Na-Bai y BNG abandonaron el hemiciclo después de pararse en los pasillos sin saber si subir o bajar -protagonizando un momento histriónico que pasará a la historia- el PNV votó sus enmiendas, pero no la reforma. Y CiU expresó su opinión sobre todas las enmiendas y no sobre la cuestión fundamental, esto es, la estabilidad presupuestaria.

PRESENCIA VIRTUAL / Capítulo aparte merece la actuación de Llamazares que tuvo su minuto de gloria, quizá el último porque no irá en las listas de IU en las próximas elecciones, al quedarse en su escaño exclusivamente para vetar las enmiendas que pretendían aproximar a CiU al consenso entre el PSOE y el PP.

La mañana comenzó a caldearse cuando, tal como se preveía, la mesa del Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad o las de PNV y ERC que pretendían incluir en el texto constitucional el derecho de autodeterminación. Las minorías habían advertido de que, si se abría el melón de una reforma constitucional, intentarían colar sus aspiraciones.

De hecho, en el pleno, una de sus principales críticas fue que el rodillo PSOE-PP ideará la reforma a sus espaldas, a toda prisa, y luego rechazase que se pidiesen otros cambios de la Carta Magna. «Hasta ayer la reforma constitucional era un tabú», dijo el Josu Erkoreka (PNV), mientras ahora es algo «banal» que puede hacerse apresuradamente «en los estertores de la legislatura» y con «alarde de sectarismo y exclusión».

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, criticó las formas «absolutamente antidemocráticas», mientras la líder de UPyD, Rosa Díez, pidió un cambio constitucional precisamente para «proteger la democracia» de los dos grandes partidos que, en su opinión, «han manipulado el derecho a la participación política». Para Uxue Barcos, de Nafarroa Bai, la reforma «no es de consenso, sino de exclusión».

Los partidos minoritarios de la Cámara baja también se erigieron en los portavoces de los ciudadanos que exigen que se celebre una consulta popular. La modificación es «una involución democrática dictada por gobiernos e instituciones extranjeras», que sustituye la soberanía del pueblo por la de los mercados, espetó la portavoz de ICV, Nuria Buenaventura. Coalición Canaria mostró su malestar por una modificación «ni necesaria, ni oportuna», cuya única finalidad, en su opinión, es «calmar a los mercados».

ATAQUE AL AUTOGOBIERNO / En sus respectivos turnos de palabra, los grupos nacionalistas catalanes tacharon el pacto de «centralista» y de «atentado contra el autogobierno y a la autonomía financiera» de las comunidades autónomas, en palabras de Joan Ridao. El portavoz de ERC consideró la reforma de «letal» y de un «nuevo golpe de Estado constitucional contra Catalunya, que sigue la estela de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut». «No sólo nos van a quemar el carbón de la locomotora que es Catalunya expoliando el 10% de nuestra riqueza, sino que además van a exigir al tren que llegue puntualmente», sentenció. Por último, el líder republicano subrayó que el equilibrio presupuestario va contra el Estado del bienestar y provoca recortes sociales y la privatización de servicios públicos.

CiU hizo una intervención más suave que la del pasado martes. El portavoz de la federación, Josep Sánchez Llibre, admitió que comparte el objetivo de la reforma, pero no las formas utilizadas por socialistas y populares que, según dijo, han «expulsado» a los convergentes del consenso constitucional de 1978.