El Parlament despide sin honor una legislatura sentenciada por el TC

La octava legislatura catalana bajó ayer el telón con un tono agrio y poco solemne. La despedida y cierre del Parlament, que celebró su último pleno antes de las elecciones, evidenció que cada partido ha tomado ya su rumbo cara a las urnas, y que esta vez, a diferencia del 2006, podrán encontrarse pocas compatibilidades en los proyectos y los discursos de los grupos que han compartido el Govern los últimos siete años. En realidad, la legislatura llamada a ser la de la defensa y el desarrollo del Estatut quedó sentenciada cuando el Tribunal Constitucional (TC) pasó la tijera a la Carta catalana, hace tres meses. Desde entonces, la norma ha cambiado de amigos y enemigos. Quienes la demonizaban defienden ahora el texto recortado. Quienes la protegían se han distanciado de ella, consideran que ya se ha quedado corta y prácticamente la ignoran, quizá con la única excepción del PSC. Simbólicamente, la última votación de la legislatura, la del blindaje de los correbous, dividió a los tres socios del Govern.

La última sesión de control al president José Montilla fue un buen botón de muestra de cómo termina la legislatura. El presidente del Parlament, Ernest Benach, empezó agradeciendo a los diputados la «cordialidad» y el «buen tono» mantenido en estos cuatro años. Pero, ayer, cordialidad hubo la justa, y el tono fue más bien áspero. Prueba de ello fue que el líder de CiU, Artur Mas, justificase en los pasillos de la Cámara por qué renunció a interrogar a Montilla en el pleno final: no quería cerrar la legislatura con una «bronca». Es decir, auguraba que la iba a haber.

POSICIONES DIVERGENTES / Los nacionalistas preguntaron por la reforma laboral, un asunto que queda fuera de las competencias de la Generalitat, pero que sirve para ejemplificar que, a dos meses de los comicios, la brecha entre socios del Govern se ha hecho más profunda. ERC e ICV-EUiA contribuyeron a esta sensación. Los republicanos, abiertamente, atacaron a Montilla cuestionando el desarrollo que está haciendo el departamento del conseller Ernest Maragall de la ley de educación, una norma que, una vez más, divide al tripartito. La intervención del líder republicano, Joan Puigcercós, buscaba el aplauso de los sindicatos de profesores afines a Esquerra.

Los ecosocialistas fueron más disimulados en su crítica, aunque esta tampoco pasó desapercibida. Los 12 diputados de Iniciativa lucieron en sus solapas chapas de Comisiones Obreras que invitaban a secundar la huelga general del próximo miércoles contra la política económica de José Luis Rodríguez Zapatero. Puede que como réplica, el diputado del PPC Rafael Luna ocupase su lugar en la Mesa con una pegatina gigante en su americana con un toro y la senyera, en apoyo a los correbous.

Todas estas licencias que mezclaban aroma de final de curso con efluvios preelectorales no impidieron que el debate se tornase agrio cuando Montilla respondió a los grupos de la oposición -con ERC, en cambio, mantuvo las formas, pese a las críticas-. El president se permitió, incluso, una comparación controvertida. Acusó a CiU de actuar como «gallegos» con el debate de la reforma laboral. «No sabemos si suben o bajan», afirmó, aludiendo a la famosa indefinición que se atribuye a los gallegos, y que ya fue polémica en boca de la líder de UPD, Rosa Díez.

Con el PPC y Ciutadans tampoco se mordió la lengua. Les reprochó que se hayan conjurado para enrarecer la convivencia entre Catalunya y España, con el Estatut como excusa para atizar el anticatalanismo. A los populares, además, les acusó de «xenófobos» por su estrategia en el tema de la inmigración.

«ORGULLOSOS» / Pese a la confrontación más o menos explícita, Montilla trató de resguardar la unidad de su Govern al subrayar que «todos» los consellers están «orgullosos» de la tarea realizada, y que él no «reniega» de sus socios, a pesar de que lleve tiempo abjurando del independentismo. De hecho, solo el PSC, a través del president, e ICV-EUiA aprovecharon la última sesión de control para hacer balance de su propia gestión.

¿Y el Estatut? Apenas se habló de él, salvando algunas referencias de Montilla, que recordó el centenar de leyes aprobadas que lo despliegan. El pleno extraordinario posterior a la sentencia del TC dejó las cosas claras. La Carta catalana ya no es una bandera atractiva. A CiU le impide enhebrar su mensaje filoindependentista. A ERC, que se opuso a la norma desde el primer día, solo le sirve para justificar que hay que «saltar la pared» de la legalidad española. A ICV-EUiA, que sí reivindica su integridad, le molesta para intentar convencer de las bondades del federalismo. Y el PPC prefiere olvidar que todo empezó con su recurso.

Los diputados tienen ya la mente en el día siguiente al 28-N. A algunos no les costó hacerse a la idea. Mas, por ejemplo, saboreó por un día las dependencias del poder. Las obras que se realizan en los despachos de CiU le obligaron a trasladarse a la zona donde se ubica el tripartito. Otros, sin embargo, se despidieron de sus aposentos. El vicepresidente del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, oficializó el fin de «una etapa» de su vida política, y confió en seguir jugando «un buen papel» en el futuro, hoy por hoy tan incierto como el del mismo tripartito.