El juicio al 'zaplanismo', visto para sentencia

El zaplanismo se ha sentado durante dos meses en el banquillo de los acusados de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Del 21 de marzo al 23 de mayo (con alguna semana de descanso) la sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha analizado bajo la lupa judicial dos contratos, la privatización de las ITV y la adjudicación del Plan eólico, adjudicados o iniciados con la Generalitat Valenciana de Eduardo Zaplana. Una nimiedad si se compara con el total de contratos adjudicados por el Consell desde 1995 hasta 2002, cuando el zaplanismo migró a Madrid para que Zaplana ejerciera de ministro de Trabajo. Aunque supone todo un símbolo al sentar en el banquillo al zaplanismo, que inició la política de grandes eventos, privatizaciones y un régimen de veinte años del PP en la Generalitat.  

Aunque con los dos contratos bajo sospecha la familia Cotino obtuvo una plusvalía de 86,5 millones de euros al revender las concesiones eólicas y de la ITV. De esta cantidad, 10 millones acabaron en cuentas abiertas por los Cotino y derivadas después a manos del jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García Gómez, y de Joaquín Barceló 'Pachano', un amigo de juventud del expresidente de la Generalitat. Hasta aquí los hechos probados que nadie niega. 

Es al intentar explicar cómo, por qué y para qué llega ese dinero a nombre de los estrechos colaboradores de Zaplana cuando surgen dos versiones radicalmente enfrentadas. De cuatro personas contra uno. García Gómez, Pachano y los Cotino confiesan haber amañado «de forma fina» los contratos, haber pagado por ello a través de sociedades interpuestas creadas en Luxemburgo y haber realizado gestiones para que ese dinero retornara a través de cuentas en Andorra, Panamá, Suiza u Holanda para realizar inversiones inmobiliarias en Madrid y la Marina, sin que Eduardo Zaplana aparezca en ningún papel.

Un detalle, relevante, al que se acoge el expresidente de la Generalitat para negar la mayor. «No he cometido ninguna ilegalidad al frente de la Generalitat y no he tenido nunca dinero en el exterior. Y lo reitero en la conclusión del juicio», defendió el expresidente de la Generalitat al ejercer su derecho a la última palabra. De hecho, Zaplana aseguró desconocer detalles de las empresas a nombre de Pachano, su «amigo de la infancia», dos de ellas creadas en colaboración con el asesor fiscal Francisco Grau, presunto cerebro financiero de la trama y «de todo el tinglado», en palabras de Joaquín Barceló 'Pachano'.

A pesar de este supuesto desconocimiento Zaplana demostró tener el don de la ubicuidad y la oportunidad. Al admitir en sus respuestas al interrogatorio del fiscal Anticorrupción del caso Erial, Pablo Ponce, haber estado en la cocina de todas las operaciones inmobiliarias y de compraventa de las empresas a nombre de Pachano: Costera del Glorio (una mercantil familiar), Gesdesarrollos y Medlevante. Las tres se crearon para adquirir una parcela en la exclusiva urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón, que revendieron y ganaron una plusvalía de más de tres millones de euros; un piso en la calle Núñez de Balboa en el barrio de Salamanca de Madrid donde vivió Zaplana durante varios años; la compra fallida de dos áticos en el puerto deportivo de Campomanes de Altea o la adquisición e intento de reventa de dos parcelas en un plan urbanístico de La Vila-Joiosa. «Zaplana es un hombre que se dedica a hablar con todo el mundo. Antes por estrategias políticas y después para promover negocios e inversiones. Se dedica a la consultoría de negocios», aseguró en su informe final Bosco García de Viedma Lapetra, abogado del asesor fiscal, Francisco Grau. 

Para intentar apuntalar su defensa, Zaplana y su abogado Daniel Campos Navas, también se abonan a la teoría de la conspiración. "El caso Erial es un montaje desde el primer minuto. Se creó una verdad artificial mantenida hasta hoy. No se ha buscado la verdad", defendió Campos, curiosamente exfiscal Anticorrupción en Madrid, que arremetió de manera implacable contra la UCO de la Guardia Civil o los cuatro acusados que han confesado y han logrado reducir a menos de dos años la condena a la que se enfrentan. Y también contra el fiduciario uruguayo, Fernando Belhot, que admitió ser el gestor de la fortuna de Zaplana en el extranjero que los investigadores del caso Erial, calculan ha llegado alcanzar los 20 millones de euros. Belhot, que llegó a estar investigado en esta causa, entregó 6.734.026,1 euros al Juzgado de Instrucción 8 (el que investigó el caso Erial,). Un gesto que favoreció que Zaplana fuera puesto en libertad el 7 de febrero de 2019, tras nueve meses en prisión provisional, desde que fue detenido el 22 de mayo de 2018. 

Una teoría rocambolesca porque el supuesto "montaje" habría sido orquestado por el PP de Mariano Rajoy para desacreditar a Zaplana y que no le hiciera sombra, según el relato como testigo "estrella" del excomisario José Manuel Villarejo. El problema es que en 2021 el policía polimputado también declaró en el Congreso de los Diputados, a preguntas del entonces diputado y actual senador Luis Santamaría, que el montaje contra Zaplana era obra del PSOE. 

El exministro también citó al exgerente de Imelsa y yonqui del dinero, Marcos Benavent, para intentar tumbar los «papeles del sirio» que originaron la causa y lograr así la nulidad del caso Erial que persigue desde 2018, sin éxito, cuando estalló la causa con su detención. Ahora serán tres magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano (presidente), Isabel Sifres y Cristina Badenes (esta última, ponente) los que decidan si el zaplanismo merece una condena o la absolución.

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