El Parlament debatirá una ley del aborto para eliminar los plazos y prohibir la objeción de conciencia

Más de un centenar de mujeres españolas cruzan la frontera cada año para poder abortar en Bruselas, según cifras del Centro Hospitalario Universitario de la capital belga. No es la tónica habitual, pero tampoco un hecho aislado. Son mujeres que ya han superado la semana 22 de gestación -lo que equivale a unos cinco meses y medio- y han recibido un diagnóstico de malformación o de enfermedad extremadamente grave del feto que hasta entonces había sido imperceptible. La legislación vigente en España ya no les permite decidir si quieren continuar con el embarazo. Si pueden interrumpirlo, o si deben continuar con él, queda en manos de un comité clínico y solo si la malformación es incompatible con la vida pueden abortar.

Actualmente, el aborto se puede practicar libremente hasta la semana 14 del embarazo -que se calculan desde la última regla y no desde la concepción-, lo que equivale a los tres meses y medio. Entre este momento y la semana 22 de gestación se puede realizar una interrupción del embarazo si hay un riesgo grave para la vida o para la salud de la gestante, así como un riesgo de graves anomalías para el feto. Pero a partir de entonces, solo si hay incompatibilidades con la vida. "Después de las primeras semanas, las mujeres perdemos el derecho sobre nuestro propio cuerpo", denuncia Sílvia Aldavert, coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, que explica que cada mes acompaña a cuatro o cinco catalanas a interrumpir el embarazo fuera de España.

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Acabar con estos plazos es, justamente, una de las principales modificaciones que plantea la proposición de ley catalana del aborto que la CUP registrará este jueves en el Parlament y que previsiblemente superará el debate a la totalidad con el aval de ERC y Junts, aunque ambos partidos presentarán enmiendas al articulado.

El texto, trabajado con esta asociación y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, propone que se pueda interrumpir el embarazo en cualquier momento de la gestación, solo "expresando la voluntad de hacerlo, sin la sujeción a plazos, condiciones ni la necesidad de consentimiento de otros". "Abortar con muchas semanas de embarazo es una de las decisiones más duras de la vida, si no la más dura. Nadie lo hace por placer", asegura Aldavert, rebatiendo así los discursos que consideran que eliminar los plazos aumentaría los abortos en estados ya muy avanzados.

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Objeción de conciencia

Pero la propuesta no termina aquí y también elimina la posibilidad de que los profesionales sanitarios y farmacéuticos se puedan acoger a la objeción de conciencia para evitar realizar la práctica. Además, plantea ampliar los centros donde se pueda realizar la interrupción -añadiendo, por ejemplo, los Centros de Atención Primaria- o que las menores de 16 años puedan abortar sin permiso paterno si cuentan con el aval de un profesional sanitario, en caso de que haya un "interés superior del menor".

"Si no tengo que moverme de mi comarca para parir, ¿por qué lo tengo que hacer para abortar? Tenemos que normalizar los abortos, desestigmatizarlos, acabar con el mensaje de que es algo tabú, de que no está bien", defiende Aldavert, que también explica que los casos de las menores de 16 son "excepcionales", pero que ser "restrictivo" acaba "dejando solas a las que más lo necesitan" y abocándolas al "aborto clandestino".

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Choque de legalidades

Se trata de una propuesta que no solo choca con la ley del aborto estatal, sino que también colisiona con varios artículos del Código Penal y de la Constitución. Concretamente, con el artículo 145 del Código Penal que castiga con penas de cárcel e inhabilitación a los profesionales y de multa a las embarazadas que practiquen abortos fuera de los plazos establecidos por ley, y con el precepto 16 de la Carta Magna que ampara la objeción de consciencia. Por este motivo, el texto de los anticapitalistas incluye varias disposiciones adicionales que proponen al Congreso de los Diputados -que es quien tiene competencia en ambas materias- algunos cambios.

Así, se propone eliminar el artículo 145 e incluir una excepción para que los profesionales sanitarios no puedan objetar, así como también suprimir todas las referencias a este derecho de los médicos en las actuales leyes del aborto y de la eutanasia. Sin embargo, el articulado deja por escrito que la ley, de aprobarse en el Parlament, tiene que entrar en vigor una vez publicada en el Diario Oficial de la Generalitat.

Es un texto legal utópico, una carta a los reyes, pero poner el debate sobre la mesa. Una de cada tres mujeres abortará a lo largo de su vida. No es un tema menor

Sílvia Aldavert

— Coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius

"Es un texto legal utópico, una carta a los reyes, pero es una herramienta para poner el debate sobre la mesa. Hay una tendencia en dejar el aborto en un rincón, pero una de cada tres mujeres abortará a lo largo de su vida. Esto no es un tema menor", sostiene Aldavert, que considera un "deber histórico" que se despenalice el aborto.

También los 'cupaires' son conscientes de que las posibilidades reales de que esta ley pueda llegar a aplicarse son escasas, y reconocen que puede ser tumbada por el Tribunal Constitucional, pero apunta que el mero debate en el Parlament es un "éxito rotundo" que permitirá "confrontar las limitaciones que impiden aún hoy la efectividad del derecho al aborto". Así lo asegura la diputada Laia Estrada en declaraciones a este diario, y da por hecho que la ley llegará al pleno y superará al menos el trámite de la totalidad, ya que ERC y Junts se comprometieron -vía moción- a tramitar una propuesta de características similares durante el primer cuatrimestre de este año.

Fuentes de los dos partidos confirman que permitirán la tramitación del texto, puesto que apoyan la idea de elaborar una ley catalana del aborto, pero quieren estudiar los términos con detenimiento.

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