La huella de Franco en las mujeres

El desahucio de Maricarmen es la demostración de cómo las consecuencias del franquismo siguen dañando a las mujeres. En 1956, la ley franquista impidió que la madre de Maricarmen figurara como cotitular del alquiler. Las mujeres tenían limitado su poder jurídico al considerarlas incapaces. Décadas después, ella heredó el contrato de su madre y agotó la segunda subrogación permitida por la ley. Si su madre hubiera sido titular desde el principio, Maricarmen hubiese tenido una oportunidad que aquella desigualdad le negó. Y si la justicia hoy hubiese contemplado esa discriminación histórica, también.

Pero Maricarmen no es la única. Ya en democracia, demasiadas mujeres pagaron la factura de leyes franquistas y su inercia judicial. Cuando las mujeres intentaban separarse en los primeros años de la democracia, sus maltratadores las denunciaban por abandono del hogar o adulterio. Hasta 1989, el Código Penal borraba el delito de violación si el agresor se casaba con la víctima. Hasta 1992, el Tribunal Supremo no reconoció que un marido no podía violar a su esposa. Hasta 1985 se explotó laboralmente a jóvenes en el Patronato de Protección a la Mujer, lo que hoy las condena a pensiones de miseria. Y están las madres a las que les robaron sus bebés. Entre 1978 y 1985, miles de mujeres fueron juzgadas y encarceladas por abortar. Hasta la ley de violencia de género de 2004 no se anuló el atenuante de "arrebato" o celos. Y hasta 2021 no se ha prohibido la custodia compartida y suspender el régimen de visitas a padres en proceso penal por maltrato.

Cuando no han sido leyes franquistas, han sido las dinámicas y prácticas de aquel pasado machista en plena democracia. Recuerden a Ana Orantes. Tras 40 años de palizas de su maltratador, un juez aplicó de forma perversa el Código Civil sobre la casa en la que vivían. La obligaron a la convivencia forzosa. Su exmarido la quemó en el patio que le obligaron a compartir. La propiedad privada del hombre parecía valer más que la vida de la mujer.

No todo es pasado. Poco se ha hablado de que el Gobierno aprobó una ayuda al alquiler para víctimas de violencia de género de hasta 1.000 euros al mes durante cinco años. Frente a eso, PP y Vox han eliminado el criterio de violencia de género para acceder al alquiler social en Valladolid. Ahora entran en un cupo mayor, el de violencia doméstica, y exigen tres años de empadronamiento, algo difícil para mujeres que suelen cambiar de municipio huyendo de sus agresores.

Tenemos cincuenta años de democracia y demasiadas mujeres han sufrido y sufren las consecuencias de un pasado que limitó sus vidas, y que no en todos los casos se han corregido. Franco murió, pero la cultura franquista y la falta de perspectiva de género están vivas en dinámicas sexistas. Sirva esto para aprender que lo conquistado no es para siempre. Que cada derecho que retroceda hoy será una condena para el futuro. Por eso defender las leyes feministas no es ideología. Es pura supervivencia. Y nos la estamos jugando.

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