El caso Maricarmen o la inmoralidad como norma

A doña María del Carmen Abascal, vecina hasta el miércoles de la calle Sainz de Baranda, distrito de Retiro en la ciudad de Madrid, le cabe el triste honor de ser conocida en toda España como Maricarmen a secas, sin que haga falta dar más detalles o señas de identidad, a raíz del atropello judicial-especulativo-político del que ha sido víctima con 87 años, sentada en silla de ruedas y después de 70 años residiendo en el mismo domicilio. En el episodio concurren todos los ingredientes de una deshumanización máxima de la persona dañada, una prepotencia inmoral de los victimarios y una incapacidad bochornosa de los poderes públicos para evitar obscenidades del tenor de la que ha echado a Maricarmen de su casa. Algo de profundamente nauseabundo impregna la sentencia definitiva que autoriza el desahucio -inquietante aplicación de la ley es la ley-, el comportamiento depredador de Urbagestión -Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes- para hacerse con la vivienda y la inoperancia, trufada con cruce de acusaciones de las administraciones -la regional y la municipal, las más señaladas- para evitar que Maricarmen se viera de patitas en la calle.

Esa vergüenza colectiva se escenificó al día siguiente de que Isabel Díaz Ayuso se prodigara en llamamientos para construir en Madrid y para proclamar, más o menos, que, si bien se busca, hay en la ciudad vivienda para todos. Esa afrenta a la decencia se representó mientras siguen sin aclararse las razones y uso del ático que compró en Chamberí el Gobierno de la Comunidad por seis millones de euros: ¿debía ser oficina provisional, vivienda-oficina provisional o vivienda de la presidenta a saber por cuánto tiempo? El lío sigue sin aclararse, el primer intento de vender el ático y cerrar el caso acabó en fracaso y el “chao pescao” presidencial es la gran explicación dada para ir a otra cosa mariposa.

La realidad es que la odisea de Maricarmen es una más en la proliferación de desahucios impregnados de drama humano que se registran todos los días en todas direcciones. La incapacidad de contenerlos con alguna forma de humanización de la ley o de aplicación de la misma para evitar que los fondos buitre alimenten su cuenta de resultados parece una empresa ingente, inabarcable para quienes tienen en sus manos la posibilidad de corregir el dislate permanente. Alguien recordó el miércoles en el programa La noche en 24h, de TVE, que en 2008 dijo el presidente George W. Bush -ni era ni es un izquierdista de colmillo retorcido- que había que detener el capitalismo para salvar a los bancos a raíz de la crisis financiera de 2008. ¿Por qué no es posible aplicar la misma lógica en el mercado de la vivienda, desquiciado e inmoral? ¿Qué razones profundas, desconocidas, opacadas por la verborrea de las sesiones de control de los miércoles en el Congreso, impiden aprobar un decreto benevolente para acotar en lo posible el problema, con PP, Vox y Junts dando cobertura implícita a los asaltantes de los derechos de las Maricármenes de todas partes, desalojadas de sus casas con lo puesto?

La degradación de los compromisos morales esenciales de los poderes públicos para preservar los derechos humanos degrada a su vez la cultura y los usos democráticos. Si la democracia no procura mecanismos protectores mínimos a los más vulnerables, no solo no cumple con una de sus grandes obligaciones, sino que soslaya aquello que la Constitución de 1978 establece como principio general en el artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Durante la campaña de las elecciones europeas de 1989, el jurista y político francés Maurice Duverger se dedicó a impartir varias lecciones éticas a auditorios más comprometidos que multitudinarios. En una de ellas deslizó la idea de que la elección por sufragio universal y la acción unitaria -Gobierno y oposición- en situaciones de crisis refuerzan la democracia. De lo que es fácil deducir que en ausencia de tales requisitos se debilita la democracia y ocupan su lugar los oportunistas y demagogos que venden soluciones fáciles a problemas y situaciones de una complejidad extrema. Muchos años después de aquella tarde crepuscular en París, el fenómeno invasivo de la extrema derecha en las sociedades y gobiernos democráticos confirma la justeza del discurso de Duverger.

Cuando los jóvenes que se desplazan a Barcelona o a Madrid para estudiar tienen que pagar 700 euros al mes por una habitación, el darwinismo social funciona a toda máquina: las familias más acomodadas pueden afrontar el gasto, algunas financian la operación acudiendo al banco, las demás se las componen a saber cómo o se pliegan al hecho de que el coste es inasumible. Tal situación es un disparate en sí misma y tiene un poder contaminador de largo alcance: provoca un encarecimiento de la vivienda en la periferia de ambas ciudades, ya muy encarecida por la huida siempre en alza de familias hacia municipios teóricamente más asequibles, y traslada a otras ciudades universitarias la lógica de las dos mayores, sin llegar quizá a su conocido desbocamiento.

El hecho de que el valor de mercado de la vivienda de Maricarmen se haya multiplicado por cuatro en siete años debiera inducir a alarma social porque el susodicho mercado da síntomas de etilismo agravado, instalado en una borrachera de plusvalías sin ton ni son por más que la presidenta Díaz Ayuso crea que vive en el mejor de los mundos y lo gestiona sin crítica posible. Cuando una administración se gasta una fortuna en armar un circuito urbano de F1, al que por cierto los pilotos le ponen peros, y no es capaz de acudir en ayuda de una anciana desvalida y en procura de medios para ella, algo huele a podrido en igual o mayor medida que en la Dinamarca de William Shakespeare. No hay en la odisea de las Maricármenes numerosas una dejación de funciones de quienes debieran actuar, sino un desinterés doloso -“engañoso, fraudulento” (diccionario de la RAE)- por la suerte que la historia reserva a los oprimidos.