Nuevo curso judicial: el procurador como antídoto contra el atasco de la justicia

El pasado 10 de septiembre tuvo lugar, en el Tribunal Supremo y bajo la presidencia de S. M. el Rey, el solemne acto de apertura del Año Judicial 2026-2027.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, recordó que la independencia judicial no es un privilegio de jueces y magistrados, sino una garantía para los ciudadanos y un pilar del Estado de derecho. Junto a este debate existe otro, menos visible pero igualmente decisivo: la capacidad de nuestra Justicia para ofrecer respuestas eficaces en plazos razonables.

Los procuradores conocemos bien las dificultades del sistema. Sabemos que uno de sus principales problemas aparece cuando una resolución favorable tarda meses o años en convertirse en una realidad.

Ganar un pleito no puede significar únicamente obtener una sentencia favorable sobre el papel. Una Justicia efectiva exige que lo reconocido por un tribunal pueda cumplirse. Es precisamente en la ejecución donde persisten algunos de los principales cuellos de botella.

Un estudio elaborado por Sigma Dos para el Consejo General de Procuradores de España y presentado en 2022, a partir de datos del CGPJ, estimó que a finales de 2019 solo se había ejecutado una de cada cuatro sentencias civiles en trámite y cifró en cerca de 11.000 millones de euros el importe pendiente de recuperar por ejecuciones dinerarias no resueltas. Son datos anteriores a las reformas recientes, pero dimensionan un problema que afecta a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.

Portugal ofrece un precedente útil. Desde 2003, su reforma de la ejecución reservó al juez las actuaciones propiamente jurisdiccionales y atribuyó tareas materiales a profesionales especializados. Las reformas posteriores consolidaron el modelo y contribuyeron a reducir de forma significativa el atasco de los procedimientos ejecutivos. La enseñanza es clara: descongestionar la Justicia exige concentrar al juez en la función jurisdiccional y permitir que otras actuaciones sean desarrolladas por profesionales cualificados y sometidos a control.

España cuenta ya con uno de esos profesionales: el procurador de los tribunales. El procurador es un profesional colegiado, liberal e independiente, cooperador de la administración de Justicia y pieza esencial del engranaje procesal. Nuestro ordenamiento le reconoce capacidad de certificación y distintas funciones previstas en las leyes procesales o desarrolladas por delegación del órgano judicial. Su conocimiento de los procedimientos y su presencia permanente ante los órganos judiciales lo sitúan en una posición idónea para asumir nuevas responsabilidades.

Dotar al procurador de mayores competencias puede ser una de las herramientas más eficaces y de menor coste para descongestionar la Justicia. Estamos preparados para asumir actuaciones que hoy consumen tiempo y recursos de juzgados y oficinas judiciales.

Una medida concreta sería permitir a los procuradores un acceso adecuado al punto neutro judicial. Bajo la supervisión del letrado de la administración de Justicia y dentro de los límites legales, podrían realizar consultas para localizar bienes y activos y facilitar así la ejecución. No hablamos de sustituir al juez ni de desplazar funciones jurisdiccionales. Se trata de permitir que jueces y tribunales concentren sus esfuerzos en aquello que constitucionalmente les corresponde, mientras otros profesionales colaboran en actuaciones instrumentales y ejecutivas.

La experiencia demuestra que esta colaboración funciona. Los procuradores fueron fundamentales en la implantación de las notificaciones telemáticas y han demostrado capacidad para asumir nuevas responsabilidades.

El nuevo curso judicial llega también tras reformas como los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y los tribunales de Instancia. Los primeros pueden facilitar soluciones más ágiles, siempre que no se conviertan en una barrera de acceso a la Justicia. Respecto de los segundos, habrá que esperar para valorar sus resultados.

Modernizar la Justicia no consiste solo en aprobar nuevas leyes, sino en aprovechar mejor los recursos existentes. La estrecha colaboración de la Procura con los órganos judiciales contribuye a reducir tiempos, agilizar las ejecuciones y liberar recursos de la administración de Justicia.

Estamos preparados. Porque una Justicia eficaz no termina cuando se dicta una sentencia. Termina cuando esa sentencia se cumple y el derecho reconocido por un tribunal se convierte en una realidad para el ciudadano.