Tormenta sobre la Justicia ante el nuevo año judicial

A muy pocos días del acto solemne de apertura del nuevo año judicial y cuando el goteo incesante de casos de corrupción, pasado el descanso estival, volverá a llenar las páginas de nuestros diarios, la administración de Justicia española se encuentra al borde del abismo, sin que a pesar de las quejas unánimes de todos los operadores jurídicos, nadie, ni el Ministerio de Justicia ni las consejerías de Justicia de las CCAA con competencias transferidas, sean capaces de poner remedio a la penosa situación que afecta a la inmensa mayoría de nuestros órganos judiciales.

Se preguntarán ustedes dónde está el problema que está originando que, aun a pesar de que las últimas estadísticas judiciales hablen de una reducción de entrada de asuntos en nuestros tribunales civiles de alrededor del 30’9%, los 'timings' de tramitación estén alcanzando unas cotas difícilmente justificables en una sociedad moderna y democrática del siglo XXI como la nuestra, con el consiguiente perjuicio para el crecimiento económico de nuestro país y por supuesto, también, para que los ciudadanos reciban una respuesta judicial a sus reclamaciones en un tiempo razonable.

Cuando en febrero de 2020 el entonces ministro de Justicia presentó ante el Congreso de los Diputados el Plan Justicia 2030, señaló que el sistema de justicia llevaba décadas de empantanamiento y de insuficiencias estructurales, de las cuales algunas (sic), no tenían justificación; el covid vino a rematar dicha situación, dejando al desnudo todas las carencias de nuestra Administración.

Por fin, como remedio a todos los males, se aprobó la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que no solo instauraba los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) como requisito previo de procedibilidad, sino que modificaba la estructura organizativa de nuestros tribunales, que databa del siglo XIX.

La pésima técnica legislativa empleada ha generado una inseguridad jurídica difícilmente justificable, que poco a poco irá superándose, pero el importante cambio organizativo requería del consiguiente esfuerzo económico para abordar la reforma con los medios materiales y personales suficientes, que pudiese evitar el colapso de los tribunales en el minuto uno de la puesta en marcha de la reforma.

Viendo sus inicios, pues había tres fases, todas las asociaciones judiciales sin distinción, junto con el resto de funcionarios judiciales y de los distintos colegios profesionales de abogados y de procuradores, pidieron al Ministerio que no desplegase el nuevo modelo en las principales capitales de provincia hasta superar los graves problemas estructurales detectados al inicio por la falta de personal, de medios tecnológicos (con sistemas informáticos no adaptados a la reforma) y de la adecuada planificación. Esta unánime petición fue del todo ignorada por el Ministerio de Justicia, creando una situación de grave estrés entre nuestros jueces, letrados de la administración de Justicia y resto de funcionarios judiciales, que sin duda alguna está repercutiendo en su normal funcionamiento, con unos retrasos que no se habían visto hasta ahora.

A veces, una necesaria reforma se puede convertir en un estrepitoso fracaso debido a una más que precipitada transición a un nuevo modelo organizativo sin los medios adecuados.

Pues bien. si todo lo anterior no fuera suficiente para llamar la atención de nuestra sociedad, en un contexto además en el que el Ministerio de Justicia decidió recientemente no renovar las medidas de apoyo y refuerzo en 62 órganos judiciales, lo que directamente, tal y como ha señalado recientemente el CGPJ, provocará la paralización de miles y miles de procedimientos judiciales, ahora resulta que estos días, tanto el Ministerio de Justicia como las diferentes CCAA están cesando a miles de funcionarios interinos, pues siguiendo la doctrina del TJUE la duración máxima de sus contratos no puede exceder de tres años.

Cuando la media del personal interino en nuestra administración de Justicia supera con creces el 40% del total, uno se pregunta lógicamente si siendo conscientes de que esta situación iba a producirse, no habría sido mucho más prudente esperar a tener reorganizadas todas las plantillas de funcionarios antes de abordar la importante reforma.

Vienen tiempos muy difíciles para nuestra Justicia, en donde precisamente el problema, a pesar de los constantes cuestionamientos sobre su independencia, no son nuestros jueces y resto de funcionarios judiciales; ellos, junto con el resto de los operadores jurídicos, forman parte de la solución.

En este contexto sorprenden algunas declaraciones triunfalistas de nuestros dirigentes acerca de la bondad de la reforma; ignorar la realidad nunca ha sido la solución.

Llevamos demasiado tiempo normalizando una situación del todo inaceptable y, de momento, el Plan Justicia 2030 está siendo un verdadero fracaso, convirtiendo la anhelada modernización de nuestra Justicia en desorganización, sobrecarga e injustificables retrasos que nuestra sociedad no se puede permitir.

Reaccionemos antes de que sea demasiado tarde.