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El comercio que hace ciudad
Hay que identificar qué actividades son importantes para los barrios y promover políticas para evitar que desaparezcan
Los ayuntamientos catalanes tendrán prioridad de compra de comercios estratégicos en riesgo de desaparición
Multa de 3.000 euros a una tienda de barrio de la Sagrada Familia por su escaparate histórico

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la tercera edición de los premios Barceloní i Barcelonina de l'Any. / Ferran Nadeu
El Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat se celebra en Barcelona en un momento de profundos cambios para el pequeño comercio. La Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad ofrece una oportunidad para debatir su papel en el modelo de ciudad, porque el comercio de proximidad no es solo una actividad económica, sino una pieza fundamental de los barrios. Mantiene servicios, genera relaciones de confianza y aporta diversidad a unas calles que tienden a parecerse cada vez más por el peso de las grandes cadenas y de una oferta cada vez más orientada al turismo. Esa singularidad es también un activo urbano.
Mantener esta diversidad, sin embargo, es cada vez más difícil. Los alquileres, los costes de explotación, los cambios en los hábitos de consumo, la competencia digital, la presión turística y la falta de relevo generacional estrechan el margen de muchos negocios. Al mismo tiempo, la proliferación de establecimientos dirigidos principalmente al visitante puede alterar la oferta de algunos barrios y reducir el espacio para actividades comerciales orientadas a las necesidades cotidianas de sus residentes.
En este contexto, las administraciones no pueden limitar su actuación a subvenciones o a campañas de promoción. El comercio depende también del urbanismo, del acceso a la vivienda, de la movilidad o del uso de las plantas bajas, y su preservación exige disponer de instrumentos para actuar antes de que determinados establecimientos desaparezcan. En esta dirección apunta el anuncio realizado por el alcalde Jaume Collboni de crear un fondo municipal para adquirir locales comerciales emblemáticos o estratégicos cuando esté en riesgo su continuidad. La Generalitat ha anunciado, por su parte, un grupo de trabajo con los ayuntamientos para estudiar los cambios legales necesarios para ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre locales considerados de interés general. Unas medidas que, en su conjunto, reconocen que algunos establecimientos tienen un valor colectivo que trasciende su precio de mercado y que su continuidad es también una cuestión de política urbana.
Un reconocimiento que debe ir acompañado, sin embargo, de una revisión de las propias políticas cuando sus efectos pueden contradecir el objetivo de preservar el comercio de proximidad. El reciente caso, por ejemplo, de la floristería Soriano, en la avenida Gaudí de Barcelona, ilustra cómo algunas regulaciones municipales, como las relativas al paisaje urbano, pueden acabar añadiendo dificultades a establecimientos que forman parte de la memoria comercial de la ciudad. Por ello, proteger el patrimonio comercial exige también revisar los efectos de las normas y evitar que su aplicación termine debilitando aquello que se pretende preservar.
No se trata de conservar cualquier tienda por el hecho de ser antigua ni tampoco de frenar la transformación del sector, sino de identificar qué actividades son importantes para la vida de los barrios y promover políticas para evitar que desaparezcan. Porque cuando cierra un comercio singular no desaparece solo un negocio. Desaparece también una parte de la identidad de una calle o un barrio y, en un mundo donde las ciudades son cada vez más homogéneas, esa diferencia merece ser preservada.
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