Diálogo social y Estado de las autonomías

La decisión del Gobierno de acordar la participación de las organizaciones empresariales más representativas de las autonomías en el Consejo Económico y Social (CES) ha abierto la caja de los truenos. Existen razones fundamentadas para que una patronal de pequeñas y medianas empresas catalanas como la Pimec sea miembro de un organismo estatal como el CES. No solamente por su representatividad, sino en coherencia con una Constitución que prevé la descentralización del poder y una participación de las comunidades autónomas en órganos consultivos de carácter estatal. 

Sin embargo, al no estar precedida por un diálogo con todos los sectores implicados, la decisión del Gobierno ha tensado todavía más las relaciones difíciles, por no decir inexistentes, que mantiene la patronal estatal CEOE con el Ejecutivo, y en particular con la vicepresidencia segunda. Tampoco resulta de recibo la reacción de la CEOE, que ha calificado a la Pimec de actor afín a los intereses del Gobierno. No puede hacerse semejante afirmación en relación a una organización que cuenta con cerca de 150.000 asociados, que ocupan al 70% de los trabajadores que hay en Catalunya. 

Por su propia naturaleza, el llamado diálogo social es acuerdo y búsqueda de puntos de coincidencia que faciliten la vida de las empresas y la mejora de las condiciones de vida de sus trabajadores. El diálogo impuesto por decreto, defendido en algunas ocasiones por la vicepresidenta Yolanda Díaz, es un oxímoron. En los últimos meses, el Gobierno ha adoptado algunos decretos destinados a facilitar que este diálogo pueda tener su expresión local, como corresponde al Estado de las autonomías vigente desde 1978. 

La participación de la Pimec y de otras organizaciones empresariales de carácter autonómico en el CES, que preside el catedrático Antón Costas, responde a una lógica innegable, puesto que nada hay peor, en política, que negar la realidad. Creemos que esta incorporación puede contribuir a mejorar el diálogo entre los empresarios y el Gobierno en la línea de la labor que ha llevado a cabo el presidente de la Pimec, Antoni Cañete, en Catalunya. 

Cuestión aparte merece el progresivo distanciamiento y el malestar de la CEOE con las políticas económicas del Gobierno, tanto en la forma como en el fondo, un aspecto que no debería ser desdeñado. Aunque el Ejecutivo pueda sacar adelante sin mayores problemas sus principales objetivos en materia laboral, siempre es preferible contar con la concertación de todos los actores. No es buena señal que, desde 2021, no se haya repetido una foto conjunta del Gobierno con sindicatos y patronal.

El mundo empresarial y el político no pueden vivir de espaldas, como ha ocurrido recientemente, a raíz del conflicto diplomático con Argentina. Una crisis de esta envergadura, que involucra importantísimos intereses económicos de España, se tenía que haber previsto cuando Javier Milei, el presidente argentino de conocido talante populista, anunció su participación en un acto de Vox. Introducir pluralismo en la representación empresarial y cordura en la acción del Gobierno deben contribuir a mejorar esta necesaria concertación.