Normas comprensibles

La convivencia requiere de unas normas que sean comprensibles y al alcance de todo el mundo. Nadie puede excusarse de no cumplir con una determinada norma por el mero hecho de no conocerla. Y este principio de nuestro sistema tiene su causa y encuentra sus cimientos en otro principio todavía más relevante: no se puede imponer ninguna norma (¡ni mucho menos ninguna sanción que se pueda derivar!), sin que haya sido previamente debatida, aprobada y publicada.

Estos principios quedaron claramente asentados en un momento de nuestra historia en que el Estado de derecho y el 'rule of law' nos permitían dejar atrás una sociedad donde la discrecionalidad y la arbitrariedad eran habituales. Había que erradicar la incertidumbre sobre el marco normativo aplicable, y avanzar hacia una sociedad más previsible y, por tanto, más segura; y así fue cuando el derecho positivo acabó por imponer su lógica y permitir que los ciudadanos pudieran regirse por un sistema donde la norma tenía que ser publicada de forma previa y dada a conocer con carácter general, antes de su aplicación.

Estos adelantos nos quedan lejos en el tiempo y, cuando pensamos en ello, nos vienen imágenes de la Ilustración que la mayor parte de nuestra juventud ya solo ha visto en digital, ni siquiera en manuales ni en ningún libro. Nos puede parecer que el debate resulta anticuado y que haya perdido toda vigencia en un mundo donde las nuevas tecnologías nos lo acercan y lo hacen todo fácil. La norma está tan fácilmente a nuestro alcance que principios como los referidos nos pueden llegar a parecer anacrónicos o lejanos de nuestro contexto. ¡Y nada más lejos de nuestra realidad, tanto la digital como la analógica!

Y en un mundo donde hay tanta información, ya no hace falta solo que la norma sea “previa et scripta” -como decían los clásicos- sino que además respondan a una lógica que la haga comprensible a todo el mundo. Los ciudadanos tienen que poder comprender aquello que motiva la norma; en un mundo como el actual en el que la información y la polarización están tan presentes, no se puede esperar que todo el mundo comparta el motivo de la norma en sí, pero no tendría que poder discutirse que las normas tienen que ser comprensibles una vez conocidas.

Y, en este sentido, hay últimamente demasiados ejemplos en que, a partir de la lectura del diario, se hace difícil comprender la aplicación de la norma, aún desde el mundo jurídico.

Una persona empezó a repartir puñetazos y ataques físicos en el metro de Barcelona, hace aproximadamente un mes y medio; una vez reducida por la gente de alrededor y librada a la policía, finalmente el agresor fue puesto en libertad, a la espera del juicio que analizara los hechos e impusiera la pena. Hasta aquí, a pesar de que a menudo se critica la permisividad con los agresores ante la comisión de un presunto delito, justo es decir que es comprensible en un Estado de derecho garantista. La cuestión es que, días más tarde, analizada la causa y revisados los hechos a partir de los testigos, se observó que todas las agresiones se realizaron sobre chicas y mujeres, y en ningún caso a un hombre. La norma obligó, ante la posibilidad de que se tratara de un delito de género, a que la misma policía fuera a buscar al agresor a su casa, lo detuviera y fuera recluido en prisión, mientras espera el juicio por el presunto delito. La conclusión de los hechos descritos lleva a una reflexión sobre el cuerpo normativo vigente que resulta difícilmente comprensible, porque es más permisivo con los ataques a los hombres que a las mujeres. Si das un puñetazo en el metro a un hombre, el procedimiento y valoración del acto será más condescendiente que si el ataque es a una mujer.

Ante la violencia machista, no puede haber tolerancia. Pero no se puede comprender que la reacción de la policía sea tan dispar, si el ataque es a personas de géneros diferentes.

Tampoco resulta comprensible que una administración informe que “se os podrán aplicar sanciones económicas”, cuando envía una carta a sus ciudadanos informando sobre el estado de emergencia por sequía. El régimen sancionador tiene que ser informado y hecho público, y no se puede quedar en una mera advertencia sobre el hecho de que “se puedan imponer sanciones”, porque da a entender que la sanción se puede o no aplicar, y esto resulta incomprensible al ciudadano. El régimen sancionador no es una potestad que se deja en manos de la administración pública, que no puede arbitrariamente decidir que “se podrán aplicar sanciones económicas”. El régimen sancionador, para que sea comprensible y aceptable, tiene que ser reconocido e informado como necesariamente aplicable, puesto que obliga a la administración.

La normativa es el elemento que nos permite unirnos y convivir en una sociedad compleja y plural, a partir de la capacidad que tiene el hombre de pensar en abstracto -como reconoce Yuval Harari-. Y es por eso que tiene que ser clara y precisa, por escrito y publicada, ...y en los momentos que vivimos, más que nunca; es necesario que la norma tenga sentido, que resulte comprensible.