Pobre balance de la gestión post-covid

Se han cumplido cuatro años del inicio de la pandemia del covid que solo en España provocó 121.760 muertos y millones de contagiados, muchos de los cuales siguen padeciendo secuelas y sintiéndose poco amparados, y de la primera declaración del estado de alarma, una de las cuales declarada inconstitucional, que debía permitir al país afrontar una situación del todo excepcional y para la que ni este ni ningún otro estaba preparado. Las dificultades vividas hicieron emerger un conjunto de déficits de nuestro sistema sanitario, algunos de carácter coyuntural y otros más de carácter estructural de los que la opinión pública adquirió conciencia, obligando a las administraciones a asumir unos compromisos el balance de cuyo cumplimiento resulta poco alentador.

El sistema de detección y gestión de emergencias sanitarias falló estrepitosamente y aunque se han producido avances en este campo, algunos ya en plena pandemia contribuyendo a minimizar el desastre, se está lejos de haber dotado a España de las estructuras necesarias para hacer posible la anticipación de situaciones de riesgo. Todavía no se ha aprobado la legislación que ha de permitir la creación de una Red Estatal de Vigilancia de la Salud Pública ni de la Agencia Estatal de Salud Pública ni tampoco una ley de pandemias que debería facilitar la gestión de dichas situaciones. Tampoco el reforzamiento del sistema público de salud a partir del dictamen de medidas sobre el covid que aprobó el Congreso de los Diputados arroja un balance demasiado optimista ya que ni han aumentado los recursos destinados al Sistema Nacional del Salud, con el consiguiente descenso de la valoración que hacen de él los ciudadanos, ni se ha reforzado la atención primaria, ni ha aumentado el número de camas, ni se han mejorado los modelos retributivos del personal sanitario ni las medidas para luchar contra el síndrome de 'burnout' del personal sanitario, incrementando así su sensación de frustración y de abandono tras los aplausos pandémicos. A su vez, no se ha atendido suficientemente la herida emocional causada por la pandemia a pesar de la puesta en marcha del Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental y COVID-19 y de iniciativas autonómicas que si bien han permitido aumentar la dotación de psicólogos, no han evitado que las cifras se sitúen lejos de la media europea y no han logrado contener el aumento de suicidios. Y del mismo modo, aunque han mejorado los protocolos de actuación de las residencias, lo cierto es que el sistema sigue estando infrafinanciado y sin afrontar el reto demográfico.

Solo el ámbito de la investigación presenta un saldo favorable, al menos de momento, ya que en los últimos presupuestos el gasto destinado a ciencia fue el más alto de la historia, 3.991 millones de euros. Queda por ver sin embargo si ese nivel de gasto se consolidará tras el fin de los fondos Next Generation y el próximo retorno de la austeridad presupuestaria.

Por todo ello a día de hoy el balance de la gestión post-pandemia es muy pobre: sigue sin existir una legislación básica que permita anticiparse y gestionar una nueva pandemia sin incurrir en una excepcionalidad lesiva con los derechos fundamentales y sin tener que forjar acuerdos políticos contra reloj para hacer frente a situaciones que, cuando tarde o temprano haya otra pandemia, ya no se podrán volver a considerar imprevisibles.