La Comisión de Venecia y la conveniencia de Sánchez

En los últimos días hemos conocido, a través de los medios de comunicación, el borrador de dictamen de la Comisión de Venecia sobre la llamada ley de amnistía, un proyecto de opinión elaborado -a petición del Senado- por este órgano consultivo del Consejo de Europa. Su publicación -previa filtración interesada del Gobierno, ante el inminente segundo debate sobre la proposición de ley en el Congreso- ha suscitado una encendida polémica en torno al contenido del borrador, con lecturas diametralmente opuestas de partidarios y detractores de la amnistía.

El Gobierno ha intentado presentar como opinión definitiva lo que es solo un borrador, y lo ha hecho promoviendo una interpretación interesada y manifiestamente torticera de lo que dice la Comisión de Venecia y tratando de convencer a la opinión pública de que esta avala la amnistía. Sin embargo, la lectura atenta del borrador solo admite una interpretación desfavorable a los intereses del Gobierno tanto por razones de forma como de fondo, de ahí que resulte tan descabellada la pretensión del Gobierno de blandir el borrador como espaldarazo a su ley. Veamos.

El borrador aporta, entre otras, una razón fundamental que debería bastar para echar por tierra la llamada ley de amnistía, y es que la Comisión deja claro que, por su inmenso alcance político y social, una ley de estas características nunca debería tramitarse por la vía de urgencia, como se ha hecho. La Comisión constata la división política y social en torno a la amnistía que observó en su reciente visita a España y cuestiona la vía elegida para la tramitación parlamentaria del texto, que se registró como proposición de ley del grupo socialista en el Congreso y no como proyecto de ley del Gobierno, soslayando así la exigencia de informes preceptivos como el del Consejo General del Poder Judicial, exigencia democrática que habría dilatado el trámite parlamentario más de lo que sus impulsores quisieran, pero que sin duda habría preservado nuestro Estado democrático de derecho de la erosión que viene sufriendo al calor del trámite parlamentario y el debate político en torno a la amnistía.

De hecho, la Comisión recomienda que una ley de semejante trascendencia política y social se articule, en todo caso, mediante una reforma constitucional y las correspondientes mayorías cualificadas, porque solo así podría conjurarse el riesgo cierto de fractura en el seno de una sociedad como la española, que muy mayoritariamente rechaza una ley que supone un torpedo en la línea de flotación del sistema de derechos y libertades surgido de la Transición.

Si de verdad respetara la opinión de la Comisión, el Gobierno debería retirar su ley y empezar de cero, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Ni que decir tiene que no lo hará, lo cual volverá a constatar que el objetivo del Gobierno no es la convivencia ni la cohesión social, sino únicamente aferrarse al poder de la mano de sus socios y en contra de la inmensa mayoría de los españoles.