Migraciones climáticas, migrantes invisibles

Las migraciones causadas por los cambios climáticos que sufre el planeta constituyen un desafío que se mide en millones de seres humanos, según los datos más acreditados. Entre 20 y 25 millones de personas se ven obligadas a desplazarse, cada año, como consecuencia de inundaciones, tormentas, huracanes, o el avance de la desertización allí donde vivían. La gran mayoría buscan cobijo en otros lugares más seguros del mismo país, mientras otras emigran hacia otros países. Con la previsible agravación de las condiciones climáticas, y la multiplicación de episodios cada vez más agudos de sequía o de desbordamiento de ríos, los científicos prevén que esta cifra aumente. Sin embargo, como suele ocurrir, la realidad se anticipa a políticos y legisladores. No existen, actualmente, leyes o tratados internacionales, que reconozcan el fenómeno y permitan dar algún tipo de respuesta fundamentada al fenómeno migratorio originado por la crisis climática. Existe toda una panoplia jurídica, nacional o europea, que permite, hasta cierto punto, tratar la inmigración motivada por razones económicas, por la violencia o la persecución, pero si un chadiano llega a nuestro país y sostiene que ha tenido que abandonar sus tierras porque estas han quedado sepultadas por el avance del desierto, no disponemos de norma alguna para actuar. Solo podemos hacerlo si aduce que ello lo ha llevado a sufrir algún tipo de violencia o persecución (lo que ocurre, en algunos casos).

Pese a la aceptación cada vez más generalizada del concepto de migraciones climáticas, hemos dejado en un limbo a quienes las padecen. Hemos creado así una categoría de migrantes que son invisibles. No tuvieron acogida en la cumbre de Dubái sobre el cambio climático, y su suerte no suscitó ni una línea en el comunicado final. Tampoco están reconocidos por parte del sistema de Naciones Unidas o de cualquier otra institución capaz de influir en el derecho internacional. Esta anomalía debe subsanarse. Nada hay peor, en la gestión de cualquier crisis, que afrontarla con anteojeras. En este caso, hacer como si estos 20 millones de personas obligadas a dejar su hogar por causas vinculadas al cambio climático no existieran.

Puede que algunas cifras sobre desertización del territorio sean alarmistas, sobre todo cuando se trata de proyecciones finiseculares en las que pueden intervenir muchos factores. Aun así, disponemos de datos empíricos inapelables, según los cuales los migrantes climáticos han aumentado en un 40% en los últimos 20 años. Y no hace falte irse al Sahel, o los atolones de Fiji o Tuvalu, para ver la amenaza que se cierne sobre el planeta. El déficit hídrico y la meteorología cada vez más extrema que padece España nos indican que en parte de Andalucía, Murcia y Catalunya también podrían producirse desplazamientos de población en un futuro no muy lejano, de agravarse la sequía y producirse una subida del nivel del Mediterráneo. No se trata de alarmar, pero sí de señalar este peligro para argumentar que España debería ser uno de los países más interesados en que se abordaran todos los aspectos relacionados con las migraciones climáticas. Haciendo visible aquello que existe.