Ágora
Xavier Martínez-Celorrio

Xavier Martínez-Celorrio

Profesor de Sociología de la Universitat de Barcelona.

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Acelerar la mejora educativa

El anuncio del Gobierno central para mejorar los resultados no puede ser una simple transferencia de fondos eludiendo fijar unos objetivos estratégicos de Estado 

Libros en un aula de una escuela pública en Sabadell, este curso.

Libros en un aula de una escuela pública en Sabadell, este curso.

Desde 2012 el promedio PISA de las tres competencias examinadas ha bajado 20 puntos en el conjunto de la OCDE. En algunos países, como Finlandia o Alemania, el descenso es más acusado y supera los 30 puntos. En España también ha bajado, pero menos (12 puntos), demostrando cierto mantenimiento desde las primeras pruebas del año 2000. Si PISA fuese el oráculo al que seguir para nuestra toma de decisiones, seguramente nos advertiría del riesgo de caer por la pendiente y la necesidad de acelerar la mejora de resultados. En especial, teniendo en cuenta dos factores de contexto: la educabilidad adolescente se ha hecho hoy más compleja y desafiante y requiere de un sistema de aprendizaje más flexible, personalizado y con mayor inversión pública.

Sin duda, la senda de inversión activada entre 2019 y 2023, con la inyección de 8.653 millones transferidos desde los gobiernos de Pedro Sánchez a las comunidades autónomas, ha sido un paso positivo. Esa inyección federal sin precedentes nos explica gran parte del aumento presupuestario autonómico. En el caso de Catalunya, los fondos estatales explican el 65% de aumento de su presupuesto educativo en estos años. Su impacto en los resultados debería reflejarse en los próximos PISA 2025 y 2029, siendo Catalunya la que mayor desventaja comparada debe recuperar.

El anunciado plan del Gobierno central de distribuir otros 500 millones, focalizado para la mejora de resultados es, sin duda, necesaria. Con más motivo cuando PISA también acredita que ha aumentado el peso del origen social en nuestros resultados. Hasta ahora, sabemos que el plan del Gobierno abarca la educación primaria, la ESO, la FP básica y el bachillerato, fijando una ambición a gran escala que puede requerir invertir mucho más de lo anunciado.

Sin embargo, los decisores no han de olvidar otro dato preocupante. Desde 2015, España es de los países que más ha empeorado en el indicador de sentimiento de pertenencia al centro (-20 puntos) y este correlaciona con la bajada de resultados. Aunque la identificación positiva y el bienestar de nuestros alumnos en los centros es mucho mejor que en el resto de países, en 2022 ya formamos parte de la ola creciente de desafección por la escuela a los 15 años, que tiene un alcance global. El problema es que la desafección aquí es más acusada que en los países de nuestro entorno entre las chicas, el alumnado socialmente vulnerable y el de origen migrante. El creciente déficit de inclusividad y motivación escolar a los 15 años no llena portadas en los medios de comunicación pero, sin su mejora, no habrá mejora de resultados.

Cabe tener en cuenta que el modelo examinado en PISA 2022 es el de la LOMCE que aprobó el PP (2013). Si el plan anunciado por el Gobierno central aspira a tener impacto y eficacia futura requiere vincularse mucho más con la LOMLOE, de la cual apenas habla ni reivindica. Gran paradoja, dado que es la reforma educativa mejor financiada de la historia de nuestra democracia.

El Ministerio debería simplificar y hacer más fácil las programaciones curriculares, neutralizando el exceso burocrático y de papeleo con que las comunidades gobernadas por el PP tratan de asfixiar al profesorado y dejar sin efecto la LOMLOE. Se echa en falta un mayor liderazgo decidido que defienda la reforma en marcha, que estimule la co-docencia y las redes de profesorado, que refuerce la personalización de apoyos contra la repetición escolar y que reajuste los currículos, para que el alumnado sepa para qué sirve y cómo se aplica lo que aprende. Eso es justo lo que examina PISA y supone vencer muchas inercias didácticas y un cambio cultural de calado entre buena parte del profesorado.

El Gobierno central no puede ser un simple repartidor federal de recursos y esperar el consenso con las comunidades autónomas sino liderarlo y orientarlo. Tiene una LOMLOE por desarrollar que necesita complementarse fijando objetivos estratégicos de Estado, como reducir las tasas de repetición y de bajo rendimiento, así como aumentar los resultados tanto por abajo como por arriba. Todo ello, reforzando la equidad capacitadora, la co-educación y la inclusión, como dispone la ley o yendo más allá, como reconocer a los municipios como una administración educativa más.