Medidas sociales y consolidación fiscal

El propio Pedro Sánchez reconoció ayer, en la presentación del nuevo paquete de medidas sociales que la consolidación fiscal, es decir, la reducción del déficit y la deuda pública, es un «deber» para el Gobierno. Así es, y más aún si este se declara progresista como el suyo, porque de ese saneamiento de las cuentas públicas depende la garantía de poder financiar la sanidad, la educación o las pensiones. Deber o no, se sabe es que es una obligación fijada por la Unión Europea, que cree finalizada la crisis por la que se permitió un elevado nivel de gasto público. El 'escudo social' le costó al Estado 22.000 millones de euros en 2022 y 15.000 en 2023 y esa es, en parte, la razón por la que se ha tenido que reducir para 2024, año en que se espera una ralentización económica y en el que se debe rebajar el déficit al 3% del PIB y la deuda al menos al 106%. No obstante, el presidente del Gobierno cree compatibles ambos objetivos, la consolidación fiscal y las ayudas sociales. En el mejor de los casos, se trata de un ejercicio de optimismo. En el peor, una concesión al populismo condenada a darse de bruces con la realidad. 

Ante ese panorama económico que se vislumbra gris, más las obligaciones fiscales contraídas con la UE, pero gracias a que la inflación se ha reducido al 3,2% y el precio de la energía se ha moderado, el Ejecutivo ha que la recuperación de los impuestos sobre la electricidad y el gas no sea inmediata sino paulatina. Se sube del 5 al 10% el IVA de la luz durante todo el año y el del gas solo hasta primavera, cuando pasará al 21%. Esos incrementos permitirán al Estado ir recuperando parte de la recaudación impositiva perdida con las rebajas. Esa es seguramente también la razón que ha llevado a Sánchez a prorrogar los gravámenes a las empresas financieras y energéticas, aunque estas últimas podrán deducir las inversiones en grandes proyectos industriales y en descarbonización. 

Cabe preguntarse si es adecuado mantener las medidas que benefician a todos los colectivos sin distinción alguna, algo cuestionable ya de origen, como es el caso de las ayudas al transporte público en forma de gratuidad de los abonos de Renfe Media Distancia y Cercanías y las subvenciones del 30% a las líneas interurbanas, a las que las comunidades deben aportar un 20% adicional. La decisión de mantener la reducción al 0% del IVA de los alimentos de primera necesidad y al 5% de los del aceite y la pasta acaba por tener un peso más efectivo en la cesta de la compra de las familias con menos recursos, pero aún así sigue siendo un beneficio indiscriminado, en lugar de una medida de emergencia para los más vulnerables. De nada sirve esa bajada impositiva, además, sin mecanismos para controlar si tiene efecto en el precio final, y hasta el momento no se tiene conocimiento de que esas inspecciones se hayan llevado a cabo. Es una medida más proporcionada el descuento al bono social eléctrico, dirigido a los consumidores con las rentas más bajas, dirigido a aliviar la pobreza energética. 

Sánchez asegura que la economía española va por «la buena senda» y que muestra «solidez y fortaleza» pese a la incertidumbre del contexto internacional. ¿Optimismo o populismo? Ni uno ni otro, lo que no será fácil por las presiones a las que se verá sometida la frágil mayoría que lo sustenta, debería llevarle a no abandonar la prudencia imprescindible para que las cuentas públicas cuadren.