Diálogo cegado sobre financiación

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), reunido por primera vez desde hace 17 meses, aprobó este lunes la senda de objetivos de déficit y deuda de las comunidades autónomas para el periodo 2024-2027 y los recursos que tendrán a su disposición para los Presupuestos de 2024 provenientes del sistema de financiación autonómica. Ante el rechazo de los gobiernos del Partido Popular, este trámite necesario se superó solo gracias a que el Gobierno cuenta con el 51% de los votos en este organismo. Aunque las nuevas reglas fiscales de la UE que están en plena negociación contemplarán aún el próximo año como un ejercicio de transición, las cuentas españolas deben prepararse ya para el regreso de la disciplina presupuestaria para los países excedidos en deuda y déficit, como España, tras el periodo excepcional marcado por la pandemia, la guerra de Ucrania y el rebrote de la inflación. Se trata de un proceso que exigirá ajustes mucho más difíciles de abordar –empezando por el replanteamiento, antes de final de mes, de las medidas antiinflación– desde este clima político de nula predisposición al acuerdo.

Queda ahora sobre la mesa el debate sobre qué posibilidades tiene la mayoría del PP del Senado de bloquear los objetivos de déficit y deuda diseñados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según el informe jurídico que esgrimió el equipo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de mantenerse un rechazo en la Cámara Alta serían de aplicación los objetivos establecidos en el plan de estabilidad de abril, que darían un margen de gasto más estrecho para las comunidades autónomas que el planteado ayer, después de que Hacienda comunicara que las comunidades dispondrán de 154.467 millones de euros procedentes del sistema de financiación (un aumento del 14,9%)».

Facilitar la tramitación de los Presupuestos y la disponibilidad de los recursos para que las comunidades presten sus servicios es un objetivo que no debería estar supeditado a la estrategia de dibujar los acuerdos de investidura como una catastrófica claudicación que condicionará cualquier posible acuerdo al menos hasta las próximas elecciones europeas, como plantea el PP. Ni tampoco sometido a la necesidad de los partidos independentistas de demostrar cuál de ellos ha obtenido concesiones más sustanciales. Ni a la ausencia de gestos de aproximación por parte de un presidente del Gobierno que parece preferir levantar muros.

La letra de los pactos firmados prevén un «diálogo singular» y bilateral para lograr una financiación suficiente y un sistema de recaudación específico, que no un sistema «singular» de adjudicación de recursos para Catalunya, y la condonación de parte de la deuda de todas las comunidades. Ni las negociaciones con vistas a los Presupuestos de 2024, ni aún menos la necesaria reforma general del sistema de financiación autonómica o por supuesto el complicado horizonte de gasto a medio plazo, se pueden abordar de otra forma que sentándose a la mesa sobre bases reales. Y en este sentido, la actitud del Govern de no acudir a la cita con la más destacada representación institucional, y considerar que cualquier acuerdo político se debe alcanzar en una mesa aparte, no es una estrategia realista. Y sí una oportunidad perdida para que la consellera Mas explicara en Madrid lo que ERC viene diciendo en Barcelona, en el sentido de que mejorar la financiación de Catalunya no contraviene los principios de solidaridad.