Carta Magna
Xavier Arbós

Xavier Arbós

Catedrático de Derecho Constitucional (UB). Comité Editorial de EL PERIÓDICO

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Reformas para el futuro de la Constitución

Nuestra democracia está crispada por el populismo y la polarización política, y eso hace que sea pesimista acerca de la viabilidad de estos cambios

Detalle de la Constitución Española, expuesta en el Congreso de los Diputados.

Detalle de la Constitución Española, expuesta en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

La Constitución de 1978 ha funcionado bien, si la comparamos con cualquiera de sus predecesoras. Pero eso no significa que no necesite cambios, para que funcionen mejor sus instituciones. Me permito sugerir algunos de los que creo más urgentes

Empecemos por la Corona. Habría que retocar el artículo 56.3, de tal manera que quedara claro que el jefe del Estado no goza de impunidad en sus comportamientos como persona privada. Ningún régimen parlamentario democrático, sea monárquico o republicano, puede aceptar una impunidad que erosione la autoridad moral del que debe gozar la jefatura del Estado. Y, tratando de la Corona, me parece que habría que reducir el papel del rey en la investidura del presidente del gobierno. El actual sistema de designación del jefe tiene un riesgo: el de un bucle infinito de repetición de elecciones generales si no llega a formarse una mayoría suficiente para la investidura. Propongo que el papel del rey se limite a nombrar la persona investida por el Congreso. La investidura, cambiando totalmente el artículo 99, se inspiraría en el procedimiento de designación del lehendakari: los grupos parlamentarios que lo desean presentan candidatos. Cada uno de ellos presenta su programa de gobierno, y, cuando han intervenido todos, se vota. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta, se le considera investido y el rey lo nombra. Si ninguno llega a la mayoría absoluta, pasan a una segunda vuelta los dos que hayan obtenido mejores resultados. Nueva tanda de discursos de investidura, nueva votación, y se considera investido quien obtenga más votos. En caso de empate, se inviste al que represente a la lista más votada. 

También es un cambio urgente el del procedimiento de renovación de órganos constitucionales colegiados, que depende del consenso de los grandes partidos. Mi sugerencia es que en la Constitución se impida de modo explícito la prórroga de los mandatos de quienes lo tuvieran caducado. La idea es que, si no se renueva con las mayorías requeridas por la Constitución, se establezca un sistema de sorteo entre los colectivos profesionales adecuados a las vacantes que haya que cubrir. Eso impediría situaciones bochornosas como la del actual Consejo General del Poder Judicial. 

Finalmente, pienso que habría que equiparar el nombramiento del Fiscal General del Estado, que se hace a propuesta del gobierno según el artículo 124.3, al que se sigue para el del Defensor del Pueblo: una persona que cuenta con el apoyo de tres quintas partes de cada cámara, y cuyo mandato dura cinco años. Así se reforzaría la imagen de imparcialidad que debe tener el Fiscal General, y el gobierno podría emplear a la Abogacía del Estado para llevar a cabo su política de defensa de la legalidad.

Nuestra democracia está crispada por el populismo y la polarización política, y eso hace que sea pesimista acerca de la viabilidad de las reformas. Sin un gran consenso, como el que explica el éxito de la Constitución de 1978, me temo que ninguna reforma es posible ni deseable. Pero por pedir que no quede.