El gasto en pensiones y los ingresos futuros

Las pensiones contributivas subirán en 2024 el 3,8%, que es la media redondeada del IPC de los últimos 12 meses, tal y como establece el sistema de revalorización. El incremento se aplicará en 10,1 millones de pensiones contributivas (la mayoría de ellas de jubilación, pero también en otras como las de viudedad, orfandad e incapacidad), lo que tendrá un impacto presupuestario de 6.400 millones de euros. Hace un año, cuando la inflación apuntaba a máximos, la subida de las pensiones fue del 8,5%. La moderación del IPC aliviará en parte la carga para el Estado, que no obstante tiene en el déficit del sistema de pensiones uno de sus puntos débiles y más necesarios de corregir.

Revalorizar las pensiones según el IPC tiene por objetivo que sus receptores no pierdan poder adquisitivo por la subida de precios, y es una de las medidas destacadas de la reforma que capitaneó el anterior ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Dicha reforma, que se completó el pasado mes de marzo, asume como misión garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, en un momento crítico que coincide con la entrada en la edad de jubilación de la generación del 'baby boom', más numerosa que las posteriores. En España rige un sistema de financiación de pensiones de reparto, lo que significa que los gastos (la cuantía de las prestaciones) se deberían cubrir con los ingresos (las cotizaciones por el empleo). Escrivá diseñó una reforma que encarara el difícil reto de hacer frente al progresivo envejecimiento de la población sin restar poder adquisitivo a los pensionistas, es decir, sin recortar gastos, sino aumentando ingresos, con medidas como retrasar la edad de jubilación o el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Una propuesta con la que logró poner de acuerdo a los socios del Gobierno de coalición, que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que convenció a la Comisión Europea para la entrega de los fondos Next Generation.

Con la reforma en marcha, hay que vigilar que las premisas con las que fue confeccionada se mantengan. Algunos organismos, como la Airef hace unos meses y más recientemente la OCDE, dudan de que se cumplan. Apuntan que las previsiones del Gobierno fueron demasiado optimistas y que quizá serán necesarios más ajustes en los próximos años. Lo sabremos en 2025, cuando la Airef, como supervisor, realizará la primera revisión de la sostenibilidad del modelo, y seguirá haciéndolo cada tres años. El control, exigido por Bruselas, garantiza que el desfase no se amplíe, pero a nadie se escapa que una revisión de las pensiones en pocos años no sería fácil de explicar a los ciudadanos.

Mejorar los datos de empleo es la cara b de un sistema de pensiones que depende de la aportación de los trabajadores en activo y de las empresas. El equipo económico del Gobierno tiene una complicada agenda, que le obligará a buscar el diálogo con los agentes sociales y apoyos en un marco político más complejo que en la anterior legislatura. Sin embargo, los choques entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, sobre la reforma del subsidio del paro y el aumento del salario mínimo interprofesional, parecen ir en la dirección contraria. La inflación remite, pero no se puede dar por acabada. Los tipos de interés empujan a la baja el crecimiento económico. Y la Unión Europea prepara normas fiscales más exigentes. Un Gobierno fuerte afrontará estos retos mejor que debilitado con tensiones internas.