Quién protege a los trabajadores del Camp Nou

La remodelación del Camp Nou es una de las obras civiles de Catalunya que atraen más interés. La adjudicación del FC Barcelona a la constructora turca Limak se escenificó con la firma del acuerdo ante las cámaras, en un acto en el palco del estadio al que acudieron numerosos medios de comunicación. Fuera de foco, sin embargo, hay otra realidad menos agradable de mostrar, la de los operarios que trabajan en ella. EL PERIÓDICO, en una investigación en la que ha recabado testimonios de trabajadores y ha tenido acceso a nóminas de cinco empresas subcontratadas distintas, desvela las condiciones laborales abusivas de estos empleados. Jornadas de más de 10 horas, sábados trabajados sin cobrar o salarios por debajo de lo que establece el convenio de la construcción, e incluso el salario mínimo (SMI), son la tónica habitual, aseguran los trabajadores entrevistados, unos hechos que podrían ser constitutivos de fraude laboral.

Las presuntas irregularidades detectadas se refieren únicamente al ámbito económico, no a la materia de seguridad y prevención de riesgos, y la situación no puede equipararse ni de lejos a la de otros proyectos de infraestructuras deportivas en países donde no existe una regulación laboral como en España. Con todo, los hechos son inadmisibles y obliga a hacernos dos preguntas: por qué ocurre y quién o quiénes son los responsables. La respuesta a la primera pregunta la encontramos en las propias características de un sector, el de la construcción, en el que es habitual la subcontratación, circunstancia que da pie a una fuerte competencia entre empresas por ofrecer el mejor precio. Y en esta pugna, las empresas que cumplen con la ley –que las hay y es justo recalcarlo– entran en desventaja frente a otras con menos escrúpulos. Si a esto le añadimos una mano de obra poco cualificada y con escasos recursos económicos, en gran parte extranjera (y desconocedora de sus derechos laborales), y por lo tanto, más indefensa ante la explotación, el cóctel está servido. En este aspecto, las obras del Camp Nou no son, lamentablemente, una excepción. En la actual primera fase del proyecto, el de la demolición, hay decenas de subcontratas, para las que trabajan unos 400 obreros. La cifra aumentará el año próximo, con la segunda fase, de la construcción. Si, pese a haber una ley que protege a los trabajadores, siguen concentrándose casos de irregularidades en los colectivos menos cualificados de determinados sectores (la construcción, pero también otros como la hostelería) está claro que es necesario reforzar las herramientas para perseguirlas y sancionarlas, lo que corresponde a la Inspección de Trabajo. Especialmente cuando quienes las sufren no las pueden denunciar.

Respecto a la segunda cuestión, la responsabilidad directa recae sobre las empresas que contratan a dichos trabajadores. Es decir, el Barça no sería responsable legal de la supuesta explotación de la mano de obra de su estadio. Y el precio más bajo que ofreció Limak por la adjudicación parece más relacionado con el interés de la turca en entrar en el mercado europeo que en rebajar costes. Pero que el Barça no sea responsable ante la justicia no significa que no pueda actuar para que respeten los derechos laborales de todas las personas que trabajan en sus instalaciones, sean o no plantilla del club. Puede y debería hacerlo. Ejerciendo su presión como una de las instituciones más valoradas de Catalunya. Mirar para otro lado no es una opción.