Independentistas irresponsables

La lectura sosegada de la Ley de Amnistía y del acuerdo suscrito por PSOE y Junts, que permitirá a Pedro Sánchez ser investido presidente del Gobierno el próximo jueves, tiene un elemento común: considera a los independentistas catalanes irresponsables. Pero no como entiende la RAE el término en su segunda o tercera acepciones (“que adopta decisiones importantes sin la debida meditación” y “resultante de una falta de previsión o meditación”), sino como aparece en la primera acepción del diccionario ( “a quien no se puede exigir responsabilidad"). De un plumazo, haciendo de la “necesidad virtud”, en palabras del propio candidato socialista a la reelección, los responsables de la más grave crisis institucional registrada en España en los últimos años dejan de serlo.

El documento suscrito por PSOE y Junts el jueves pasado en Bruselas ya marcaba el camino, y ahora la Ley de Amnistía viene a confirmarlo en un documento que pasará a forma parte del entramado jurídico español. En ambos se acepta el relato independentista de que la crisis vivida en 2017 tiene como consecuencia la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut en 2010 a instancias del PP. Aunque en el pacto entre los dos partidos se va incluso más atrás, al hacer referencia a los Decretos de Nueva Planta, que “abolieron las constituciones e instituciones seculares de Cataluña”. La Ley de Amnistía admite, incluso, que es esa sentencia del Tribunal Constitucional la que “comportó” una “tensión institucional” y “social y política” que provocó la “desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana ante las instituciones estatales”.

Ni en un lugar ni en otro, ni en el acuerdo político entre el PSOE y Junts ni en la Ley de Amnistía, se señala en ningún momento la responsabilidad de los independentistas catalanes por lo sucedido en 2017 y en los años anteriores y posteriores.

No entraremos aquí a analizar la necesidad o no de aprobar una amnistía, aunque es cierto que los indultos a una parte de los líderes secesionistas contribuyeron a normalizar la situación en Catalunya. No es ese el objeto. Pero sí lo es que en ningún caso se haya exigido a los protagonistas del ‘procés’ acto de contrición alguno.

Es cierto que parecen renegar de la unilateralidad cuando apuestan por participar de forma activa en la vida política española, defienden un referéndum pactado dentro de la Constitución o reclaman la modificación de la LOFCA, gestos todos ellos que suponen una enmienda a la totalidad de sus actos en los últimos años. Pero por ningún lugar aparece la asunción de algún tipo de responsabilidad. Al contrario. Volvamos al redactado de la Ley de Amnistía: “La aprobación de esta ley se entiende como un paso necesario (…) para eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población (catalana)”.

Con este preámbulo en la mano, no es que parezca que no fueron Puigdemont, Junqueras y el resto los principales responsables del referéndum ilegal del 1-0 o de la declaración de independencia del 27 de octubre, es que tampoco asumen lo vivido en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, cuando aprobaron las denominadas leyes de desconexión, saltándose los derechos más elementales del resto de diputados, que también eran representantes del pueblo de Catalunya.

Una parte no poco importante del ‘procés’ se ha dirimido en el ámbito del relato, que los independentistas han utilizado durante todos estos años para reclamar, por ejemplo, la legitimidad del resultado del referéndum ilegal del 1-0 y exigir su aplicación efectiva. Los acuerdos con Junts y ERC que permitirán a Sánchez seguir siendo presidente del Gobierno y la Ley de Amnistía que se aprobará en unas semanas vienen a dar carta de naturaleza al realismo mágico en el que vivía el secesionismo, que gana por goleada la batalla del relato, ya que no asume ni un solo error.

Que los independentistas son irresponsables, utilizando la primera acepción del diccionario, queda negro sobre blanco en una ley que aprobará el Congreso.