Normalidad lingüística

Con la aprobación este martes del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, como ya se hacía en el Senado, España ha dado un paso importante hacia la normalización lingüística. La decisión fue aprobada por una mayoría conformada por el PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, y con la oposición de las derechas españolas. Los diputados de Vox abandonaron el pleno en el que se debatía –y por primera vez se consentía– el uso de las lenguas cooficiales. En cambio, el portavoz del PP, Borja Sémper, que el lunes aseguró que los diputados de su partido no las utilizarían para no hacer «el canelo», pronunció algunas frases en euskera para expresar su oposición a la propuesta. ¿Contradicción o normalidad?

Empeñarse, como se empeñan, algunos representantes políticos en asegurar que el uso del catalán, el euskera y el gallego en las Cortes margina al castellano y tiene un efecto divisorio de la población es una falacia que solo evidencia una idea de España uniforme, más cercana a un pasado no tan lejano y muy alejada de la realidad de un Estado en el que conviven distintas nacionalidades con sus sensibilidades, sus culturas y sus lenguas. Esta diversidad cultural y lingüística debería ser motivo de orgullo y no del temor que parece provocar en algunos, que piensan que hablar en cualquiera de las otras lenguas del Estado amenaza la «unidad de la patria». Las lenguas no separan, por el contrario, sirven para crear una comunión de intereses y su utilización indistinta en el Parlamento, que representa a toda la ciudadanía, contribuirá a acercar la política a los electores, que se sentirán más identificados con lo que allí se debate y aprueba. También será positivo para los que se expresan únicamente en castellano, porque verán en los debates parlamentarios la realidad del país en el que viven. Se equivocarán, sin embargo, los diputados que caigan en la tentación de eliminar el castellano en sus intervenciones, porque esa actitud excluyente los alejará incluso de algunos de sus electores.

Es, igualmente, un avance el intento de Gobierno de modificar el régimen lingüístico de la UE para conseguir que el catalán, el euskera y el gallego sean consideradas lenguas oficiales en la Unión. No es ese un objetivo fácil, pero tampoco es imposible. Para vencer las reticencias de algunos países, el Ejecutivo ha priorizado la oficialidad del catalán, al que seguirán después las otras dos lenguas. Si el empeño de Pedro Sánchez se salda positivamente, el uso de las lenguas cooficiales españolas en Europa tendrá también efectos constructivos. 

Cabe, no obstante, hacer algunas reflexiones sobre la tardanza en adoptar estas medidas, 45 años después de aprobarse la Constitución, cuando deberían estar vigentes desde hace tiempo. El hecho de que finalmente deriven no del convencimiento sobre su pertinencia sino de la exigencia de unos partidos a cambio de sus votos para la elección de la Mesa del Congreso o de la investidura dificulta que muchos ciudadanos las entiendan y da argumentos a las derechas para rechazarlas. Confiemos, con todo, en que la normalidad lingüística en las Cortes se acabe asumiendo por todos como lo que es, simplemente normal.