El dinero superfluo a cuenta del catalán

Corría 2014 y un joven diputado llamado Aragonès publicó ‘Las cosas del BOE’. Era una respuesta a Alicia Sánchez-Camacho, que ya en 2012 exigía encarecidamente que se cerraran todas las delegaciones catalanas en el extranjero para acabar con los gastos superfluos. Cabe decir que para entonces Camacho llevaba año y medio de un acuerdo de legislatura con Artur Mas, el campeón de los recortes. Por necesidad y por ideología, Mas quiso ser el alumno más aventajado de la 'troika'.

Aducían que, tras siete años de infausto 'Tripartit', se había derrochado a manos llenas. Por eso se jactaron -como buenos gestores- de no tener más remedio que pegar un hachazo en Sanidad y Educación.

Fue entonces cuando al diputado Pere Aragonès se le ocurrió husmear en el BOE para escrutar si la administración Rajoy era un pulcro ejemplo de contención del gasto público. Y aquello resultó ser un filón, un pozo sin fondo. Sobre todo, y precisamente, en gastos suntuarios en embajadas. Lo que dió para un libro entero. 

Por ejemplo, solo en reformas, se gastaron aquel año más de ocho millones de euros en una embajada de Oriente. Más que el cómputo total de las delegaciones catalanas, que ante todo tenían un carácter comercial. Pero la palma se la llevaba el chalet/embajada de Japón, por 17 millones. El contratista no hizo precisamente un precio de amigos. O patriótico.

Uno de los motivos que se esgrimen contra la presencia del catalán en el Congreso es el derroche. Aunque el coste esté muy lejos del millón de euros que Almeida se ha gastado en banderas españolas para adornar Madrid. O de la majestuosa bandera de Colón, que solo costó 400.000 euros. No está mal. Con unos cuantos pedidos como ese el fabricante se podría jubilar.

La verdad la exhibió Vox en el Congreso. Se largaron en cuanto oyeron unas palabras en gallego. Como cuando Ciudadanos evitó condenar el franquismo en el Parlament. Y no porque estuvieran a por uvas. Por ideología en ambos casos, por una ideología militante que se fundamenta en una determinada España, de la que el PSOE ha sido rehén largo tiempo.

La otra verdad es el giro copernicano de los de Puigdemont. De tildar el diálogo con el PSOE de -en el mejor de los casos- renuncia antipatriótica, a querer significarse en solitario como hábiles negociadores. La portavoz Nogueras agradeció al ministro Albares sus gestiones para con el uso del catalán en Europa. Y eso que de momento no hay concreción alguna. Hace un par de meses hubieran acusado a Rufian, por ejemplo, de haberse dejado tomar el pelo como un pelele.

La pregunta es: ¿por qué ha costado y cabrea tanto que una lengua, que se supone que también es española y que la sacrosanta Constitución dice que hay que mimar, se escuche en el Congreso de los Diputados?

Tras 45 años de democracia constitucional, tras casi 50 desde la muerte de Franco, finalmente en el Congreso se puede hablar en catalán sin que a uno le expulsen del atril. Más vale tarde que nunca.

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