Nuevas elecciones como mal menor

Visto lo visto en los últimos tiempos, la gobernanza de un país es un asunto demasiado serio para dejarlo exclusivamente en manos de los partidos políticos. Al fin y al cabo, detrás solo hay personas como las demás, con sus aspiraciones y sus limitaciones. Y, sin embargo, sus aciertos y errores nos afectan demasiado como para desentendernos. El escenario actual es endiablado. Las organizaciones políticas están atrapadas, todas, en sus telarañas de intereses que, a veces, les impiden ver el bosque.

Así que desde la sociedad civil tenemos la obligación de contribuir para evitar que los avatares internos de las formaciones políticas puedan perjudicar a la sociedad española. Es imprescindible que aportemos nuestra visión con argumentos no condicionados por el interés partidista, primando siempre el interés general.

Y vamos a empezar por el final. Desde la sociedad civil creemos que lo más sensato, si no hay acuerdos entre los partidos de la centralidad política, es que la sociedad española sea convocada de nuevo a elecciones generales para resolver el bloqueo actual. No niego que formulo este planteamiento con cierta pereza y a modo de mal menor, pero mayor desgana y desasosiego produce la posibilidad de tener que enfrentarnos a una legislatura de varios años con polarización extrema y una sociedad dividida. Primar una estrategia política consistente en sacar partido de la confrontación y basada en la dualidad amigo-enemigo, en lugar de primar el bien común y el pacto para alcanzar grandes acuerdos transversales, es una actitud irresponsable y de mirada corta.

Paso a exponer los argumentos básicos que justifican la celebración de nuevas elecciones si los partidos son incapaces de alcanzar estos acuerdos transversales comunes.

El jefe del Estado, Felipe VI, ha solicitado al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que intente sumar apoyos para lograr su investidura como presidente del Gobierno. A pesar de necesitar solo cuatro diputados para conformar la mayoría requerida, la misión se antoja muy improbable, conociendo la contundente posición adversa de las conservadoras PNV y Junts, de donde tendrían que salir esos cuatro apoyos. 

En caso de no cuajar la investidura de Feijóo, la iniciativa le correspondería al candidato del PSOE, Pedro Sánchez. En este caso, para alcanzar una mayoría de Gobierno necesitaría el apoyo de ERC, Junts y Bildu. Llegados a este punto, el precio que pagarían PP y PSOE sería una amnistía y un referéndum de autodeterminación, pero lo sería a cuenta de todos los españoles.

A los separatistas catalanes les delata la exigencia de una amnistía general como condición para votar la investidura, puesto que están aceptando implícitamente que en 2017 cometieron un acto ilegal. La solicitan, además, sin mediar disculpa alguna y sin propósito de rectificación; al contrario, mantienen el “ho tornarem a fer” (lo volveremos a hacer). Por no obviar el hecho, no menor, de que conceder una amnistía implicaría aceptar que en España hay presos políticos.

El referéndum de autodeterminación, por otro lado, es totalmente inviable, pues no cumple ninguno de los tres preceptos fijados por la ONU para su celebración: ser una colonia, un régimen militar o carecer de derechos básicos. La soberanía, como en la mayoría de las democracias, no se puede trocear y en nuestro caso recae de forma única en el pueblo español, de acuerdo a la Constitución refrendada por el 90% de españoles (91% de catalanes) con un 70% de participación.

Unos partidos nacionalistas y separatistas con un número limitado de electores, aunque tengan representación legítima, no pueden imponer su hoja de ruta a la mayoría de los españoles. No lo aceptarían.