Los caminos de la atención médica son inescrutables

Asistimos a un lento pero inexorable proceso de degradación del sistema sanitario público que se está produciendo a distintos niveles y muy especialmente en la atención primaria. El déficit de profesionales es una evidencia, no una opinión. Esto está comportando que algunos dispositivos, sobre todo los ambulatorios, presten sus servicios con menos personal médico del que les correspondería por población asignada. Desgraciadamente es algo que los facultativos de los centros de atención primaria conocen muy bien, ya que sufren en su práctica diaria la presión y sobrecarga que comporta tener las plantillas infradotadas. La falta de médicos tiene dos claras consecuencias para la ciudadanía: pérdida de calidad asistencial y problemas de accesibilidad al sistema.

Ante este contexto, la Administración está ejecutando un plan con diferentes derivadas. Por un lado, está introduciendo nuevos perfiles profesionales (nutricionistas, higienistas dentales, fisioterapeutas y referentes de bienestar emocional) en los centros para ofrecer una atención complementaria a la población. Una medida que puede ser positiva, pero que se lleva a cabo para disfrazar la cruda realidad: conseguir una visita médica es cada vez más difícil. 

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Por otro lado, los responsables sanitarios están llevando al límite el traspaso de competencias médicas a otras categorías profesionales, bordeando la alegalidad cuando no la ilegalidad. Así, nos encontramos con médicos que deben validar exploraciones, diagnósticos y tratamientos de pacientes que no han podido valorar presencialmente, pero que se ven obligados a hacerlo porque son los responsables de dichos actos, a nivel civil y penal, según la ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPD).

Asimismo, la eclosión de la inteligencia artificial también está facilitando las actuaciones diagnostico-terapéuticas lideradas por personal de enfermería. De nuevo, con el requisito legal que los informes y recetas lleven la firma de profesionales médicos.

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Para suplir la escasez de médicos y ante las enormes dificultades para incorporar más profesionales al sistema, la Administración roza de nuevo al límite legal contratando facultativos sin el título oficial de especialista, requisito imprescindible para ejercer en la sanidad pública. Hasta ahora esto afectaba principalmente a los médicos extracomunitarios, pero la contratación de médicos autóctonos sin el MIR comienza a ser una tónica habitual, sobre todo para cubrir plazas de especialidades con un elevado déficit. La medicina familiar y comunitaria abandera esta situación debido a su deterioro y desprestigio.

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La alternativa a estas medidas únicamente pasa por retener nuestro talento médico, pagándolo mejor y ofreciéndole mejores condiciones de trabajo. Hace ya un par de años que quedan plazas vacantes tras el examen MIR. En 2023 han sido 202 las plazas sin ocupar, todas ellas de médicos de familia. Y lo más probable es que en los próximos años se incrementen los graduados que opten por hacer el MIR en otro país. Una vez allí, con ofertas laborales mucho más competitivas y tentadoras, difícilmente harán el viaje de regreso.

Los representantes del colectivo médico llevamos más de una década alertándolo y lo hacemos una vez más. A menos que los responsables políticos decidan dar un giro de 360 grados en sus políticas, el acceso no urgente a los servicios médicos que ofrece la sanidad pública será más difícil, lento y despersonalizado.