Un naufragio político

Los al menos 79 migrantes muertos en el reciente naufragio de un pesquero en el mar Jónico, a los que se deben sumar cientos de desaparecidos -entre ellos, gran número de niños y madres hacinados en la bodega de la embarcación-, se suman a las decenas de miles de víctimas que hacen del Mediterráneo la frontera más peligrosa del mundo. El trágico hundimiento del barco que zarpó del puerto de Tobruk, en Libia, ha vuelto a conmover a la opinión pública. También ha provocado peticiones de una investigación que deba ser independiente y exhaustiva hasta aclarar responsabilidades. La detención de nueve ciudadanos egipcios que podrían estar implicados en esta acción criminal es una buena noticia. Sin embargo, esta actuación contra las mafias que trafican con seres humanos no es suficiente si no se abordan las causas más profundas que alimentan el negocio de la inmigración ilegal. Como ha manifestado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lo sucedido no es un problema griego. Es un problema europeo, que tiene implicaciones políticas. Efectivamente, este drama ha vuelto a poner de manifiesto que la Unión Europea ha sido incapaz, hasta hoy, de acordar una política migratoria común que regule los flujos migratorios, deje a las mafias sin su principal sustento y permita actuar ante dramas como este. 

No estamos ante un tema sencillo que pueda zanjarse levantando vallas o prometiendo puertas abiertas a todo aquel que quiera venir a Europa. Pero mucho menos negando la necesidad de que el reemplazo demográfico llegue en gran parte de otros continentes, por miedo al discurso reactivo de la extrema derecha. O dejando que quien regule el acceso al territorio de la Unión sea la trampa mortal en que se ha convertido el Mediterráneo. 

La migración es una cuestión compleja y, como señala la Comisión Europea en el preámbulo del Pacto sobre Migración y Asilo que está previsto aprobar el próximo año, «debe tenerse en cuenta la seguridad de las personas que buscan protección internacional o una vida mejor, así como las preocupaciones de los países que temen que las presiones migratorias superen sus capacidades». La compatibilidad entre ambas preocupaciones debe ser la base de toda política migratoria sostenible, pero fracasará si se supedita a la soberanía de los estados. Esta dicotomía entre principios humanitarios asumidos por la UE y políticas de seguridad en manos de algunos gobiernos que tienen políticas migratorias cada vez más defensivas y demagógicas limita la capacidad de rescate.  

El mencionado pacto tendrá como objetivo «proporcionar seguridad, claridad y condiciones dignas a las mujeres, los niños y los hombres que llegan a la UE». No obstante, la cuestión es cómo se hace realidad este propósito mientras se externaliza la responsabilidad de nuestras fronteras a países donde los migrantes en tránsito se ven impelidos a embarcar en un pesquero, aunque no presente garantías, antes que quedarse en él. Los flujos migratorios deben gestionarse de manera racional, eficaz y humana, de acuerdo a nuestras necesidades y según las reglas del derecho internacional. Y una de estas reglas, en lo que al mar se refiere, es la obligación de asistir a personas en peligro. No solo si estas lo piden -el pretexto que se ha utilizado para no atender a este pesquero- sino cuando es evidente, como lo era por las fotografías publicadas, que el drama estaba a punto de consumarse.