Sector inmobiliario
Jordi Nieva-Fenoll

Jordi Nieva-Fenoll

Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona.

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Desahucios: una sombra sobre la nueva ley de vivienda

Preocupado como está el legislador de las personas económicamente vulnerables, somete el desalojo a un intento previo de conciliación, garantizando prórrogas que pueden provocar en la práctica la suspensión ilimitada del desalojo

Ley de vivienda, cuando la ideología vence al sentido común

Ley de vivienda, cuando la ideología vence al sentido común

Se está debatiendo en el Senado una norma que goza de gran popularidad: la ley sobre el derecho constitucional a la vivienda. Todos necesitamos una morada de calidad, y no un agujero donde dormir. Se trata de algo tan básico que provoca vergüenza que algunos poderes económicos y políticos se empeñen en cuestionarlo.

Sin embargo, aunque la ley desea avanzar en la buena dirección, no deja de tener alguna sombra demasiado importante que va a entorpecer sus buenas intenciones. Preocupado como está el legislador de las personas económicamente vulnerables, dificulta burocráticamente el desalojo de estas personas cuando son inquilinos o firmaron una hipoteca que finalmente no han podido pagar. En síntesis muy apresurada, somete el desalojo a un intento previo de conciliación, exigiendo certificaciones de vulnerabilidad que no son fáciles de conseguir, garantizando prórrogas que, al final, pueden provocar en la práctica la suspensión ilimitada del desalojo.

Desde luego, no podemos volver a aquella situación, normalizada en España y que aún se produce a veces, de que quien es desahuciado se queda literalmente en la calle y debe buscarse la vida como pueda, o dormir al raso, lo que puede incluir a su familia. Nadie que ha padecido un desahucio olvida el daño psicológico irreparable que produce sobre todo en niños y adolescentes, por no hablar de los ancianos. No se puede permitir que esas situaciones vuelvan a verse, con familias desposeídas paseando por la calle llevando encima lo poco que pudieron salvar.

Salir de las emociones

Dicho esto, hay que salir del terreno de las emociones y tener la cabeza bien fría para determinar qué es lo mejor para que todas las personas vulnerables tengan una vivienda digna. En este sentido, junto con la construcción de vivienda social –que sigue siendo desesperadamente lenta y escasa–, si queremos que haya viviendas disponibles, no podemos someter a los propietarios, sean enormes, medianos o más pequeños, a una situación que no van a querer gestionar, porque eso hará que vendan sus propiedades en masa, o bien que cambien el objeto de sus inmuebles y pasen a generar oficinas o pisos turísticos, pero no viviendas. Y que desde luego ni se les ocurra ofrecer sus viviendas a personas potencialmente vulnerables. Todo eso ya está sucediendo, y está provocando un desastre en términos habitacionales.

Al contrario, hay que ser conscientes de que los inversores no van a desaparecer del mercado inmobiliario, y de hecho son uno de los actores necesarios de dicho mercado, salvo que el Estado se quiera hacer cargo como propietario de un descomunal parque de viviendas, que no parece que sea el caso. Siendo así, lo que desea un comerciante es seguridad, aunque gane menos. Y se le puede dar fácilmente. Basta con no tratarle como si fuera el enemigo, sino buscar su colaboración voluntaria de modo que le sea rentable.

En este sentido, existen tres medidas básicas que deberían llevarse a cabo. La dos primeras son el control de precios y la prolongación de los plazos mínimos de alquiler al menos a 10 años. Se evitaría así la gentrificación y el nomadismo constante que se observa actualmente en la ciudadanía. Es casi imposible permanecer en un inmueble más de unos cuatro años.

Automatizar los desahucios

La tercera es la automatización de los desahucios. Si hay impago, debe abandonarse el inmueble en el plazo máximo de 10 días desde la interposición de la demanda. Es perfectamente posible conseguirlo. Basta con imponer la domiciliación del pago y que las notificaciones judiciales se practiquen solo por correo electrónico y teléfono móvil, que todo el mundo tiene. Demostrándose el impago, el desalojo se producirá sin necesidad de comisión judicial, con ayuda policial en caso necesario, para que el propietario acceda a la vivienda en el día señalado, considerándose bien abandonado todo lo que esté dentro. La persona desalojada será derivada el mismo día, si lo desea, a una vivienda social con sus pertenencias. Esa disponibilidad la debe garantizar la Administración.

Si no se obra de ese modo, persistirá el mercado negro de las ocupaciones ilegales y desalojos también ilegales que se retroalimentan, y que nos sitúa en épocas predemocráticas a las que nadie desea volver. Y lo peor, seguirá sin haber vivienda para los más vulnerables.