La finalidad de la autonomía fiscal

Este martes empieza la campaña de liquidación del impuesto sobre la renta del año 2022, con el 27 y el 30 de junio como fechas límites para los contribuyentes con resultados a ingresar o a devolver, respectivamente. Explicamos hoy que, como resultado de las decisiones de algunas comunidades de compensar el incremento del IPC en las economías personales, la disparidad de la carga impositiva entre unas autonomías y otras se ha incrementado en este ejercicio. Al mismo tiempo, entra en vigor un impuesto que va en un sentido exactamente opuesto. El impuesto para los patrimonios de más de tres millones de euros, del que es deducible lo pagado por el impuesto del patrimonio en las comunidades donde no se ha eliminado o reducido el impuesto de patrimonio, de manera que debe actuar básicamente como una medida armonizadora para neutralizar las medidas tomadas en comunidades como Madrid o Andalucía.

Esta diversidad de enfoques forma parte de la autonomía fiscal reconocida en los distintos niveles de la administración: es un instrumento básico que, en las parcelas sobre las que tienen o se les ha cedido competencias, les permite implementar distintas políticas que los votantes pueden aprobar o desautorizar con su voto. Es decir, uno de los elementos que permite el funcionamiento de un Estado autonómico con contenido político, más allá de una descentralización administrativa.

Esta discrecionalidad puede utilizarse para fomentar, en mayor o menor grado, un sector económico considerado estratégico, potenciar unas y u otras políticas sociales y de despliegue de servicios públicos, o de vivienda... Algo que puede ser discutible pero desde posiciones hostiles a la lógica del Estado de las autonomías. Excepto cuando el objetivo es simplemente la atracción desleal de patrimonios de otras comunidades autónomas, el 'dumping fiscal' que pone todo el sistema de financiación autonómica ante una difícil disyuntiva.

Algunas de las políticas fiscales (y de captación de empresas por otros medios) de las distintas comunidades autónomas van sin ningún disimulo por esta senda. Pero otras (y en concreto algunas de las que se reflejarán en los distintos niveles de imposición que se aplicarán en la inminente campaña del IRPF) pueden tener una orientación muy distinta. Las políticas de rebajas impositivas han ido vinculadas a estrategias de reducción del sector público por la vía de su asfixia financiera o a beneficios concentrados en las rentas más altas con efectos sobre el crecimiento de la actividad económica, a menudo más hipotéticos que reales. Las de aumento de la presión fiscal (general, o selectiva en lo que respecta a las rentas altas) van asociadas a programas de gobierno de izquierdas. Pero en un contexto de incremento de precios y no de salarios, con un incremento de la recaudación a través de los impuestos indirectos sobre el consumo que afecta desproporcionadamente a las rentas más reducidas, se plantea otra necesidad. La de reducir la presión fiscal (actuando sobre los tramos más bajos del IRPF), según ha propuesto alguna comunidad como la valenciana y como deberían plantearse las que, como Catalunya, suman un coste de la vida superior a la media con una imposición sobre estas rentas que también lo es.