Demócratas incongruentes

 El 15 de agosto de 2021, Leila entró en pánico cuando se enteró de que los talibanes estaban ya en Kabul y habían liberado a todos los criminales que cumplían condena en prisión. Leila -que en realidad tiene otro nombre, que no podemos desvelar por motivos de seguridad- era fiscal. Durante cuatro años había acusado con éxito a terroristas, asesinos y agresores sexuales y ahora todas las personas que ella había hecho condenar estaban libres y algunas, incluso, formaban parte del nuevo gobierno.

Pese a tener solo 28 años, Leila ya era viuda. Su marido, abogado, había fallecido el 27 de enero de 2018 en un atentado suicida de los talibanes y le había dejado sola con un hijo recién nacido. Fue un fuerte golpe, pero ella siguió luchando a diario para que el sistema judicial afgano garantizara los derechos humanos y, en especial, los derechos de las mujeres.

La victoria de los talibanes puso fin a ese sueño. Por suerte, Leila, su hijo y su hermana pequeña pudieron salvar la vida -de momento- entrando ilegalmente en Pakistán. Pero este país no es un sitio seguro. Pakistán no ha ratificado la Convención de Ginebra de 1951 y los refugiados afganos sin visado viven allí con el miedo a ser deportados a Afganistán en cualquier momento.

En noviembre de 2022, el caso de Leila llegó a la Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra. La Clínica es una iniciativa solidaria en la que profesorado y estudiantes de la Facultad de Derecho colaboramos con abogados en la defensa gratuita de casos reales con especial interés académico y social. El 25 de noviembre de 2022, la Clínica pidió a la Embajada de España en Pakistán una autorización urgente para trasladar a Leila, su hijo y su hermana pequeña a nuestro país, a efectos de solicitar asilo. Este procedimiento de protección internacional está previsto en la ley y tiene una tramitación sencilla: el embajador mira los documentos, realiza una entrevista a los peticionarios y, si considera que su integridad física está en riesgo, autoriza el traslado a España. El problema es que la embajada en Islamabad tiene cientos de peticiones sobre la mesa y la tramitación tarda muchos meses. Hay casos como el de Leila que no pueden esperar.

Es urgente que el Ministerio de Asuntos Exteriores destaque enseguida personal de refuerzo en la embajada española en Pakistán y que se prioricen los casos que presentan elementos de riesgo indiscutibles (ser fiscal) y circunstancias personales de especial vulnerabilidad (ser mujer sola con un niño en Pakistán).

La tragedia de Afganistán nos da una oportunidad para demostrar que nuestro compromiso con los derechos humanos no es solo retórico, sino que como país y sociedad sabemos pasar de las palabras a los hechos. Las democracias occidentales no resultan creíbles en los países emergentes si abandonamos a su suerte a las personas que han arriesgado su vida para defender el Estado de derecho. No hay mejor servicio a causa de la tiranía que ser unos demócratas incongruentes.