Corrupción Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

La larga sombra del 3%

El silencio y la sensación de impunidad hizo que las prácticas que siguen desfilando por los juzgados prosperaran durante décadas

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David Madí, entrado en la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

David Madí, entrado en la Ciutat de la Justícia de Barcelona. / JORDI OTIX

Hace ya 17 años que en el hemiciclo del Parlament de Catalunya restalló aquel «Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%» de Pasqual Maragall dirigido a Artur Mas. A lo largo de este periodo, por los juzgados han ido desfilando varias causas en las que se iban desvelando prácticas de financiación ilegal, enriquecimiento particular, evasión de impuestos u obtención de contratos a cambio de comisiones (todas ellas en última instancia, independientemente del beneficiario, en perjuicio de las arcas públicas y de la salud democrática del país). Algunas ya con sentencia condenatoria (los casos del Palau de la Música, de los contratos de la ITV, el caso Pretoria) y otras pendientes de juicio (el caso Pujol y el del 3%). De esta última causa madre sobre la financiación de CDC en forma de comisiones se ha desprendido ahora una nueva investigación que busca averiguar si pagos realizados por empresas del Ibex a una productora audiovisual, Triacom, no se correspondían a servicios reales (o proporcionales al importe facturado), si esa empresa canalizaba esos recursos en beneficio de Convergència Democràtica, si esas aportaciones económicas tenían como contraprestación la obtención de contratos públicos y si esa empresa, además, recibía injustificadamente financiación pública. Cada una de esas cuatro presuntas irregularidades puede ser probada o no y es susceptible de constituir acciones fraudulentas o delitos. Los indicios son suficientes para justificar que sean investigadas, y solo la información que se obtenga durante la instrucción y sea contrastada ante un tribunal permitirá llegar a un veredicto y probar o no si unas y otras tienen relaciones ilícitas de causa-efecto.

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Los sospechosos pagos investigados por el juez a partir de informes de los Mossos y de la Guardia Civil (no de dosieres sobre bases etéreas urdidos por policías patrióticas para ser manejados como arma de 'lawfare') se produjeron entre 2009 y 2013. Dinámicas enquistadas durante las dos décadas de pujolismo, o que afectaron a un ayuntamiento con alcalde socialista como el de Sabadell, siguieron activas más allá de aquel primer toque de atención del 24 de febrero de 2005, igual que lo hicieron tras aquel primer caso Treball que afectó a Unió. Tardarían aún años los espacios políticos en los que prosperaron estas prácticas en verse en la obligación de mutar de identidad, hipotecada económica y políticamente, aunque algunos nombres quizá solo hayan pasado de la sala de máquinas a la trastienda. Una década se hizo esperar el reconocimiento por parte de Jordi Pujol de los depósitos de su familia en Andorra. Quizá la corrupción sea «consustancial» a la vida pública como afirma Lluís Prenafeta ante las cámaras, pero solo la impunidad permite que crezca y se multiplique. El silencio es la primera condición para que esta sea posible. Y no verse atado por él, algo que tampoco se logró en su debido momento ante figuras como la del anterior monarca, una obligación higiénica.