Populismo fiscal

De nuevo , la subasta sobre las rebajas a los impuestos se han convertido en arma electoral. Y no solo para las fuerzas políticas con más tradición pro mercado, sino también para los partidos de izquierda. Pero es verdad que, con un déficit público que llega prácticamente a los 7 puntos de manera estructural, lo que quiere decir que nuestras administraciones gastan mucho más de lo que ingresan, con una deuda pública disparada, con déficits que solo podemos pagarlos endeudándonos cada vez más y con el riesgo evidente de que en los próximos meses hayamos de afrontar un incremento de los intereses para pagar esta deuda y a la vez continuar activando medidas de protección a las familia , empresas, autónomos y el Tercer Sector, ante una inflación que parece descontrolada, no parece que empezar una carrera para ver quien baja más los impuestos sea lo que toque. Es sencillamente un acto de irresponsabilidad, que traslada a futuro problemas que otros tendrán que afrontar en su momento.

Hace años que España, y también Catalunya, necesita una revisión de su fiscalidad a fondo, de carácter integral y que busque la justicia redistributiva, que es inherente a un sistema fiscal moderno en un Estado social, que responda a las necesidades de financiar los bienes y servicios públicos que garantizan la prosperidad y el progreso de la sociedad y que a la vez estimule, no penalice, la actividad económica, la creación de trabajo, la modernización de nuestro sistema productivo, en clave tecnológica, digital y ambiental, en un contexto fuertemente marcado por la competencia global. Los informes de los expertos son públicos y conocidos. Las soluciones técnicas están expuestas de manera muy detallada. Desde el informe Lagares de 2014, con 125 propuestas, hasta el reciente Libro Blanco del comité de expertos, de más de 800 páginas, que entregó su informe en febrero de este 2022, nuestros gobiernos y partidos tienen una multitud de alternativas. Y en los países más avanzados de nuestro entorno podemos encontrar ejemplos suficientemente exitosos, tanto en términos de justicia fiscal como en la promoción del crecimiento económico, con los matices que toquen y respondan a las preferencias colectivas de sus sociedades. La OCDE acaba de publicar un amplio informe sobre las tendencias fiscales de los países miembros. Y es verdad que la discusión sobre los impuestos tiene que ver con modelos de sociedad diferentes, con la aspiración a una mayor o menor intervención publica o con la mayor o menor preocupación por las desigualdades… cuando el debate es riguroso y está informado, rehuyendo los populismos de izquierdas y derechas que se están imponiendo con tanta intensidad por todas partes.

En el caso de Catalunya el debate tiene los límites que se derivan de nuestro actual marco de competencias, que es extremadamente limitado, sobre todo en relación con el País Vasco y Navarra, y al déficit fiscal que arrastramos también de manera estructural. Estas circunstancias obligan a los partidos catalanes, además de continuar haciendo frente al déficit fiscal que sufrimos y presionar para buscar un nuevo sistema de financiación para Catalunya, a intervenir a fondo en el debate sobre la fiscalidad en España. No nos podemos permitir el lujo de no estar, cuando además hay territorios que dependen de las transferencias de los impuestos de las clases trabajadoras y profesionales catalanas que están optando por bajar, de manera irresponsable, los impuestos a sus ricos, como es el caso de Andalucía.

Pero además, en el caso de España, el debate sobre la fiscalidad es también la discusión de cómo combatir la economía sumergida y las practicas de elusión fiscal. Y es que si más personas pagaran los impuestos que tocan quizás todos juntos podríamos pagar algo menos.

Hasta ahora, las políticas para combatir a la economía sumergida, que representa según la mayoría de los estudios hechos hasta ahora, una cuantía equivaliendo prácticamente al 20% del PIB, no han funcionado. Una buena política, por ejemplo, que reduzca las cargas fiscales y sociales de las contrataciones de los servicios a las familias que facilitan la conciliación laboral de las parejas con hijos o personas dependiente a cargo, en la línea del modelo francés que la OCDE pone como ejemplo, nos ayudaría de manera decisiva a hacer emerger centenares de miles de puestos de trabajo, que hoy se mueven “en negro”; o promover mecanismos de contabilidad entre prestaciones sociales y el trabajo, como ahora se pone en marcha en relación al Ingreso Mínimo Vital, evitando la denominada trampa de la pobreza.

Y el fraude y la elusión fiscal, que piden fuertes y decisivas respuestas armonizadoras a nivel europeo y una intensa cooperación internacional a escala global, reclaman también un mejor funcionamiento de nuestras agencias tributarias, con simplificaciones, transparencia y seguridad jurídica en los procedimientos fiscales, evitando considerar a todos los contribuyentes como defraudadores en potencia.

La política fiscal es decisiva, determina la calidad y la intensidad de los servicios públicos y los bienes comunes, promueve o impide el progreso económico, establece nuestros niveles de solidaridad y es fundamental en nuestra consideración de ciudadanos que asumimos nuestras responsabilidades hacia la comunidad. Es demasiado importante, en definitiva, para reducirlo a una subasta de los populistas fiscales.

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