Ataques contra civiles en Ucrania

Ahora ha sido un centro comercial en Vinnitsia, con 24 personas muertas y otras 68 heridas, pero cabe pronosticar que este no será el último de los ataques contra civiles desarmados de la guerra de Ucrania. Y una y otra vez se repite una triste rutina que comienza por la rotunda negación del ataque, para seguir con la acusación de que en realidad ha sido un acto de falsa bandera provocado por el enemigo para desacreditar a quien dice actuar siempre de acuerdo con las normas. La secuencia suele continuar con la difusión de un comunicado delirante que, en un mundo plagado de cámaras y altavoces, acaba reconociendo el ataque, pero aduciendo que el blanco batido no era inocente, sino un objetivo militar, en el que se escondían, utilizando a civiles como escudos humanos, enemigos armados.

Precisamente para evitar que esa historia se repita una y otra vez contamos con el derecho internacional humanitario, plasmado en una normativa que, como nos recuerda el Comité Internacional de la Cruz Roja, se recoge principalmente en los Convenios de Ginebra, de 1949, en los Protocolos Adicionales, de 1977, y en varios instrumentos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes (incluyendo la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales, la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersona, y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados). Todos ellos buscan limitar los efectos de los conflictos armados, los medios y métodos de hacer la guerra y proteger a todas aquellas personas que no participan o han dejado de participar en los combates.

Igualmente, el extraordinario despliegue tecnológico aplicado a labores de vigilancia y reconocimiento permite identificar prácticamente sin margen de error lo que ocurre en cualquier rincón del planeta, incluso en situaciones de conflicto violento. A eso se suma la callada, pero imprescindible, labor realizada por personas y organismos que se dedican a documentar cada una de las violaciones producidas, incluso poniendo en juego sus propias vidas. Lo que falta, en consecuencia, no es tanto una nueva norma o un nuevo instrumento técnico como la necesaria voluntad política para que se puedan realmente aplicar los que ya existen contra los responsables de estas atrocidades.

En Ucrania, según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde el inicio de la invasión rusa ya se han podido confirmar más de 5.000 civiles muertos violentamente y más de 6.500 heridos. Esas son las cifras, muy inferiores a las reales según la propia Oficina, en las que se concretan unos sistemáticos crímenes de guerra que se siguen cometiendo en Ucrania, sobre todo con la idea de desmoralizar a la población enemiga con la intención de que termine por volverse contra su propio gobierno, demandando la rendición. Aun asumiendo que la tecnología aplicada al campo de batalla no podrá impedir que se sigan produciendo verdaderos efectos colaterales indeseados, por fallos técnicos de las armas empleadas, quienes deciden cometer esos crímenes cuentan con que el asunto pronto sea olvidado y que nunca haya pruebas suficientes para ser condenados. Sobre todo, si finalmente logran ganar la guerra.

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