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Un paso adelante para las empresas

El Congreso ha aprobado el proyecto de reforma la ley concursal, la conocida como 'ley crea y crece', propuesta por el Gobierno y que ahora debe continuar su tramitación en el Senado. Durante los trabajos en la Cámara baja se han introducido no pocas novedades y se han completado diversos aspectos de una norma destinada a facilitar la creación de nuevas empresas, propiciar su crecimiento y luchar contra el retraso en los pagos por parte de las grandes corporaciones.

La nueva ley, una de las más relevantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluye entre sus medidas la obligación de que las empresas que trabajan para el sector público estén al corriente de pago con sus subcontratistas. En caso de que incumplan esta exigencia, las administraciones –bien sea esta estatal, autonómica o de carácter local– podrán retener el pago a la gran empresa para abonarlo directamente a la empresa contratista. La medida se aplicará a las compañías que accedan a contratos de más de cinco millones y que admitan más de un 30% de subcontratación.

Las grandes empresas –de más de 250 trabajadores– no podrán acceder a subvenciones de más de 30.000 euros si no están cumpliendo los plazos legales de pago a sus proveedores. En la actualidad, según la CNMV, las empresas de mayor tamaño cobran en un plazo medio de 68 días y pagan a 193. Es decir, la mayoría siguen, más de 10 años después, incumpliendo la ley que estableció que los pagos entre empresas deben liquidarse en un plazo máximo de 60 días, mientras que, por su parte, las administraciones han de hacerlo en 30.

Estas mismas grandes compañías deberán informar en su web corporativa y en sus cuentas anuales del período de pago a sus proveedores, así como de la proporción de cargos abonados dentro de plazo. El Gobierno publicará cada año, por su parte, una 'lista negra' de las compañías que de forma manifiesta incumplan los plazos de pago a sus proveedores.

Amén de luchar contra la morosidad comercial, la 'ley crea y crece' –a la que se comprometió el gobierno de Pedro Sánchez ante la Unión Europea para tener acceso a los fondos europeos– tiene como prioridad impulsar la creación de nuevas empresas. Así, se ha procurado suprimir obstáculos y agilizar los trámites y procesos administrativos que lastran la gestión de las empresas, en especial a las pymes. En el caso de las nuevas empresas, la norma incluye la posibilidad de poder constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un solo euro de capital, y poder hacerlo de manera digital y más rápida.

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Las medidas, que en general suponen un decidido paso hacia delante para las empresas y para la economía española, han de complementarse lo más rápidamente posible con un régimen sancionador adecuado y, nos atrevemos a decir, severo, que dificulte los incumplimientos. Por desgracia, esta es, en la mayoría de las ocasiones, la única vía para lograr resultados efectivos y palpables.

Cabe resaltar, por último, el papel desempeñado en la tramitación de la ley por Antoni Cañete, presidente de la patronal Pimec y de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Su buen hacer ha contribuido a que la norma haya resultado muy ampliamente validada en el Congreso, con los votos de PSOE, Unidas Podemos, PP, ERC y PNV, entre otros. Cs y Vox se abstuvieron, y solamente se registraron dos votos contrarios.