Brecha educativa e infancia gitana

Si nacer en un entorno desfavorecido condiciona el futuro social, económico y educativo de una criatura, nacer en una familia gitana lo determina aún más. Se calcula que un 89% de los niños y niñas gitanas viven bajo el umbral de la pobreza. En un 46% de los casos se trata de pobreza severa, lo que implica que viven en familias que no pueden hacer frente a gastos básicos como alimentación, suministros o vivienda. El número de niños y niñas gitanas que viven en chabolas o infraviviendas es mucho más elevado que el del resto de la infancia en situación de pobreza, así como las dificultades para acceder a actividades extraescolares, libros y materiales indispensables para conseguir el éxito educativo.

Este 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano y es el momento de recordar que la llegada del covid-19 ha venido a profundizar aun más en estas desigualdades, y lo ha hecho sobre todo incidiendo en la triple brecha educativa que afecta a la infancia gitana. Se calcula que un 64% del alumnado gitano no termina sus estudios obligatorios, frente al 13% del conjunto de la población. El confinamiento y las medidas de distanciamiento social potenciaron el abandono escolar y el absentismo, que se cronificó, sumándose a los problemas añadidos que tenían con la brecha digital. Si ya era difícil para el alumnado de familias con menos ingresos seguir su educación ‘online’ por falta de dispositivos, en el caso de la infancia gitana fue mucho más dramático, porque un 79% de estos hogares no cuenta con un ordenador o ‘tablet’ y la mayoría tampoco tiene acceso a internet.

A estos factores se sumó una dificultad añadida, el bajo nivel educativo de los padres y madres. Solo un 17% de la población gitana mayor de 16 años ha completado los estudios de ESO o superiores y presentan índices de analfabetismo importantes. Aun en el caso que dispongan de los equipos adecuados, no tienen las capacidades para utilizarlos ni para ayudar a sus hijos e hijas a seguir el ritmo escolar. Estos niños y niñas dependían del apoyo que les proporcionaba la educación presencial y las clases de refuerzo que desaparecieron de la noche a la mañana, dejándoles en manos de un entorno que no dispone de recursos materiales ni humanos para apoyarles.

Dos años después del inicio de la pandemia, es urgente abordar medidas de choque para recuperar al alumnado gitano que ha abandonado prematuramente la escolarización, pero también son urgentes acciones estructurales centradas en la prevención. Es necesario que el sistema educativo haga de contrapeso frente a lo que sus hogares no pueden proporcionarles, pero también es necesario impulsar políticas para combatir las condiciones de extrema precariedad económica que enfrenta la población gitana, porque el fracaso escolar está íntimamente ligado a la pobreza y en esto también el pueblo gitano se han visto mucho más golpeado.

Distintos estudios sobre el impacto del covid-19 revelan que la situación de las familias gitanas se agravó más que la del resto de sectores vulnerables porque una gran parte de ellas tiene su fuente principal de ingresos en la venta ambulante. El cierre de mercados, y la imposibilidad de realizar otras actividades como la recogida de chatarra, les dejaron sin un sustento diario que ya era de por sí muy precario, porque además se trata de un colectivo que paradójicamente casi no accede a ayudas y prestaciones sociales.

En su libro ‘La idea de la justicia’, Amartya Sen asume que la desigualdad es una forma de injusticia y apunta fórmulas para repararla. Una de ellas son las políticas públicas que facilitan la igualdad de oportunidades en la infancia y evitan que un niño o una niña de un entorno desfavorecido se vea condenado a reproducir las condiciones de vida de su familia. Invertir en infancia es así no solo una necesidad ética y económica, es también una cuestión de justicia.

Es hora de avanzar de forma decidida para proporcionar a la infancia gitana las herramientas y condiciones que les permitan superar la brecha social, económica y educativa que les separa del resto de niños y niñas, garantizando el derecho que tienen a la educación y a una vida digna.

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