Abusos sexuales en la Iglesia: obligación de reparar

El informe de la Comisión francesa sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica ha causado conmoción en el país vecino. Para los investigadores de este tema, la aportación de la comisión tiene interés porque los resultados confirman lo que ya se había constatado en estudios hechos en otros países, como Estados Unidos, Australia, Alemania, Irlanda, Países Bajos o Bélgica. También lo tiene porque la comisión ha dispuesto de medios para hacer una encuesta a una muestra representativa de la población de todo el Estado, que ha revelado que en un 4% de los casos de abuso sexual infantil el abusador ha sido un clérigo (el porcentaje llega a un 6% si se tienen en cuenta a otras personas vinculadas a la institución). Esto representa alrededor de un 1% de la población que ha sido víctima de abuso en el seno de la Iglesia católica. La cifra se acerca mucho a la que se obtuvo en la única encuesta comparable que se ha hecho en España (Félix López, 1995). La encuesta confirma que la mayor parte de abusos se producen en las familias, pero revela, además, que los centros vinculados a la Iglesia católica han sido lugares de más riesgo para los niños que otras instituciones de carácter deportivo, cultural o de ocio.

El informe también confirma que el enfoque adecuado del problema es aquel que presta atención a tres focos de riesgo: los de carácter individual de los abusadores, los de oportunidad y los de carácter estructural. A la hora de responder al problema es más cómodo para la institución aceptar la existencia de causas individuales (idea de las manzanas podridas) o de elementos de oportunidad respecto a los cuales se pueden hacer acciones orientadas a la reducción de riesgos. Pero exige más coraje asumir que el problema de los abusos obliga a abordar aspectos de estructura y de organización y aquí el informe francés ha sido claro, como ya lo fueron los elaborados en Alemania y Australia, entre otros.

La comisión francesa ha sido crítica con la actitud de la institución: la Iglesia no ha defendido a las víctimas y la respuesta a las denuncias ha sido insuficiente, tardía y de carácter defensivo. Para revertir la tendencia, pide un cambio de actitud, un reconocimiento público del problema y la asunción de que los abusos no son, esencialmente, pecados que hay que confesar sino delitos y daños que hay que reparar. Hasta ahora hemos visto que la respuesta institucional ha pasado de la negación del problema a la aceptación de que hay que actuar, pero con un enfoque más orientado a la prevención que a la reparación. La comisión ha puesto el acento en la obligación de reparar, tanto con acciones de reconocimiento público y simbólico como con compensaciones dinerarias, que tienen que provenir del patrimonio de los abusadores y de la institución, pero no de las donaciones de los fieles. La prescripción, en términos jurídicos, no es una excusa válida para una institución que tiene que regirse por imperativos morales y por la compasión por el dolor de las víctimas.

El paso que se ha hecho en Francia deja muy en evidencia a los obispos españoles. Este informe, como el presentado en Alemania en 2018 o los elaborados anteriormente en Estados Unidos, ha partido de un encargo de la Conferencia Episcopal y se ha podido hacer porque la institución ha puesto sus archivos a disposición de la comisión. También porque esta ha contado con el apoyo necesario para hacer una serie de estudios que requieren recursos. Todo esto no ha sido posible hasta ahora, lamentablemente, en España. Aun así, el problema no es solo de la institución eclesiástica. Tampoco las instituciones públicas se han implicado en un problema que tiene una dimensión pública, si tenemos en cuenta el papel que ha tenido la Iglesia católica durante muchos años en la sociedad. En Catalunya el Síndic de Greuges presentó un informe en que pedía en el Parlamento una iniciativa en este sentido, orientada a la reparación. Ahora puede ser un buen momento para que quienes pueden tomar decisiones se pongan a ello.

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