El lastre del modelo autonómico inacabado

El covid nos ha recordado vehementemente que España no es un Estado como Francia o Italia, que el modelo diferente –por no llamarlo original– del Estado de las Autonomías existe, es real, y que más allá de sus aciertos, complejidades e imperfecciones no afecta solo a sentimientos, derechos, deberes de cada una de las comunidades sino también a la vida y a veces la muerte de los ciudadanos de todas ellas. En ningún otro país europeo ha sido tan difícil organizar y administrar la lucha contra la pandemia, aunque asimismo en ninguno de ellos el nivel de toxicidad, radicalidad, verbalismo cainita, demagogia cotidiana e inmadurez de la política era tan grande como aquí ya antes del covid, y ha crecido tanto durante este desafío.

Debemos reconocer algo: el covid le ha levantado la camisa a nuestro sistema político y ha demostrado que estaba muy mal definido y escasamente desarrollado. Desde el principio, cuando tuvimos un primer forcejeo entre la administración central y las autonómicas sobre quién cargaba ante la opinión pública con las medidas impopulares y las responsabilidades finales de lo que no se sabía hacer bien. El obligado recordatorio al Gobierno central de que España no es un país legalmente centralista derivó en una descentralización que pronto mostró tanto su falta de madurez como su vulnerabilidad ante las demagogias racheadas que lanzó continuamente, en todas direcciones, nuestra flojísima clase política. Los actuales flecos finales que vivimos, con el baile de decisiones diferentes y proliferación de incógnitas iguales en los tribunales superiores autonómicos y en la magistratura general, han caído muy mal sobre una opinión pública desconcertada, ya harta, y convencida de que aquí no nos saben ni mandar ni coordinar democráticamente.

Miedos, cobardías y errores

Han aflorado varias evidencias. La transición democrática fue excelente en muchas cosas, pero quedó deliberadamente inacabada por miedos, cobardías y errores de concepto. Luego, el trabajo de ir puliendo tanto el improvisado modelo autonómico como nuestros instrumentos de derecho se ha hecho poco y rematadamente mal por partidismos y por la abulia de quienes debían ir legislando cuidadosamente lo que había quedado poco definido. Lo peor no es que hayamos llegado al 2021 sin el Senado adecuado y sin unos mecanismos ordinarios de cooperación y trabajo conjunto entre autonomías, sino que socialistas y populares no se han atrevido siquiera ni a reconocer la evidente plurinacionalidad de España ni hasta dónde era lógico conservar cierta uniformidad y hasta dónde convenía subrayar las diferencias –históricas u operativas– que debían preservarse. Ante eso, ahora ya resulta inaplazable que además de hacer frente a grandes problemas reales de la actualidad tanto el Estado español como las autonomías encaren la necesidad de solucionar teórica y prácticamente los déficits de nuestro modelo inacabado de descentralización, y no lo hagan con tijeras sino con escuadras, compases y reglas. No hacerlo equivaldría a pensar que el reñidero español puede sortear la decadencia de fondo en que ya ha entrado simplemente con más falsas sonrisas y gruñidos, que es lo que ya llevamos a nuestras espaldas.

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