Una agenda irrenunciable (y republicana) para el 2030

Este mes de septiembre, las Naciones Unidas han conmemorado los 75 años de su creación, aunque el aniversario exacto no será hasta el 24 de octubre. Ese día, pero del año 1945, los cinco miembros del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética y China) y otros 46 estados ratificaron la Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco el 26 de junio del mismo año. Hacía pocos meses que había terminado la segunda guerra mundial y la nueva organización intergubernamental nacía para mantener la paz y la seguridad a nivel internacional, promover las relaciones de amistad entre las naciones, basadas en el respeto a los principios de igualdad de derechos y de libre autodeterminación de los pueblos, y la cooperación internacional en el ámbito económico, social, cultural o humanitario.

En las últimas décadas las Naciones Unidas han tenido una mala salud de hierro, muy ligada a los vaivenes del multilateralismo, y la celebración de su 75º aniversario la afronta con una pandemia global que ya ha producido cerca de un millón de víctimas mortales en todo el mundo y que ha provocado un retroceso en muchos de los avances conseguidos en los últimos años en cuanto a la reducción de la pobreza extrema, la mejora del acceso a la salud o la reducción del trabajo infantil (entre otros).

Este aniversario coincide con el de la aprobación, el 25 de septiembre de hace cinco años, de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Con esta decisión, tomada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se adoptaba una hoja de ruta compartida por la comunidad internacional para avanzar hacia un mundo más sostenible ambientalmente, social y económico. Una agenda de acción para el planeta y para las personas, para la prosperidad, la paz y la justicia, estructurada a partir de 17 objetivos globales de desarrollo sostenible (los ODS) a alcanzar en el horizonte del año 2030.

Se trata de objetivos ambiciosos, impregnados de un carácter de urgencia y de una voluntad transformadora de las tendencias insostenibles que ya están poniendo al límite el equilibrio del planeta y amenazan el futuro de sus habitantes. Unos objetivos y una agenda pensados para resolver, desde una visión transversal, retos y problemáticas que también tienen esta lógica y que, por tanto, tienen componentes ambientales, sociales y económicos indisociables.

Pongo solo un ejemplo, que para mí es bastante claro: en junio de 2019, Philip Alston, el relator especial sobre derechos humanos y extrema pobreza de la ONU, alertaba en un informe que la emergencia climática amenaza el progreso conseguido en los últimos 50 años en cuanto a derechos humanos, desarrollo y reducción de la pobreza en el mundo y que los acontecimiento climáticos extremos, cada vez más frecuentados, pueden conducir a más de 120 millones de personas a la pobreza de cara al 2030, también a países que tan a menudo llamamos 'desarrollados', incrementando exponencialmente las desigualdades socioeconómicas en todo el mundo. Es, como digo, un toque de alerta -solo uno de los que vamos recibiendo día sí, día también- y, al mismo tiempo, un clamor a favor de trabajar urgente e incesantemente para alcanzar los ODS.

Transformar Catalunya

Toda mi vida he sido un defensor de los principios y valores que ahora encontramos recogidos en la Agenda 2030. Unos valores que no son otros que los republicanos. Por eso mismo, al asumir mis funciones de 'conseller', a inicios del 2016, asumí con la máxima responsabilidad la coordinación de las tareas necesarias para incorporar los ODS en todas las políticas del Govern de Catalunya. El objetivo era de una trascendencia inmensa: transformar Catalunya, mejorar el mundo. Este fue el lema que guió nuestra labor, que en mi caso quedó interrumpida por la aplicación del artículo 155 y mi posterior encarcelamiento, injusto, que aún continúa.

Paradójicamente, la Agenda 2030 que impulsé y que tanto se defiende desde el Gobierno que nos denunció por posibilitar el voto a la ciudadanía de Catalunya para que decidiera sobre su futuro, incluye un objetivo -el ODS número 16- que insta a garantizar la adopción de decisiones inclusivas y participativas y a proteger las libertades fundamentales (recuerdo, aquí, que el derecho a la autodeterminación de los pueblos tiene la consideración de derecho fundamental de acuerdo con la legislación internacional). Un objetivo, por cierto, que insta a crear unas instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles y también que insta a reducir sustancialmente todas las formas de corrupción y soborno (me pregunto si, en algunos territorios muy cercanos esta meta se haya cogido de forma literal y el "sustancial" exima de responsabilidad a ciertas personas con un peso importante en su historia reciente).

A solo 10 años para alcanzar los ODS, las Naciones Unidas reconocen, con datos estadísticos, que antes de la pandemia los cambios necesarios para alcanzar los ODS no se estaban produciendo ni a la velocidad ni en la escala necesarias y que se estaba lejos de alcanzarlos de cara al 2030. El covid aún lo ha hecho más difícil. Esta constatación no puede justificar en ningún caso una renuncia. Al contrario, es una invitación incuestionable a reforzar la acción, desde la conciencia de, como dice la propia Agenda 2030, poder ser la primera generación que consiga poner fin a la pobreza, y la última que aún tenga posibilidades de salvar el planeta.